LA PATRIA | MANIZALES
El ganadero José Leonidas Osorio Soto, de 69 años, no solo pagó una condena por ser colaborador del frente Cacique Pipintá de las Auc en Caldas, sino que ahora perdió sus tierras.
La Dirección Nacional de Extinción del Derecho de Dominio les ordenó a la Fiscalía y a la Policía Metropolitana de Pereira la extinción de siete inmuebles, de 165 hectáreas, avaluados en $7 mil 50 millones. Según las autoridades, los usaron para ejecutar actividades ilícitas de ese grupo armado ilegal entre el 2003 y el 2007.
Osorio Soto aparece en una lista de al menos 150 empresas y personas naturales, señaladas como financiadoras de las Auc en el país. Lo que pretende el ente acusador es aplicar la extinción de dominio en los casos en los que ya hay condenas.
El coronel Jaime Alberto Escobar, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, explicó que los predios se ubican en Aranzazu, de donde es natural Osorio Soto. La realizaron con el apoyo de la Fiscalía y la Unidad Nacional para la Extinción de Dominio.
Añadió que al caldense lo conocían con el alias de Leonidas. "Por medio de esta investigación, de 12 meses, se aplicó lo dispuesto en la Ley 1708 de 2014", explicó el coronel.
Osorio Soto pagó una condena de cuatro años de cárcel por concierto para delinquir en la modalidad de paramilitarismo. La purgó desde el 9 de julio del 2013, tras su detención en Puerto Boyacá, luego le dieron domiciliaria por problemas de salud y quedó en libertad el 30 de noviembre del año pasado.
En uno de los inmuebles que le expropiaron, de nombre Chamberí, capturaron el 19 de marzo del 2004 a Samuel Gallego, alias Fernando, comandante del grupo de contraguerrilla Las Águilas, del Cacique Pipintá. Ese día, en ese predio, hubo un enfrentamiento en el que falleció Juan Carlos Tabares Cardona, de 30 años, funcionario del DAS.
Exparas como alias Jhónatan lo vincularon con el grupo ilegal. Aseguró que les ayudaba económica, logísticamente y les prestaba las fincas para hospedarse y esconderse. Lo mismo dijo Pablo Hernán Sierra García, alias Alberto Guerrero.
César Augusto López, quien defendió al ganadero durante el proceso judicial, expresó que le aconsejó a su cliente conseguir un abogado para evitar la extinción.
El Cacique Pipintá tuvo seis grupos de contraguerrilla: Las Águilas, Las Cobras, Los Escorpiones, Los Halcones, Grupo Delta y Los Buitres. Cada uno tenía entre 15 y 20 hombres. A veces se hacían pasar por guerrilleros del Frente 47 de las Farc para descubrir milicianos y colaboradores dentro de la población civil. Así asesinaron a, por lo menos, 100 personas.
A finales de septiembre del 2007, 40 de sus integrantes, que no se desarmaron en abril del 2006 cuando venció el plazo dado por la Ley de justicia y paz para las desmovilizaciones en el país, entregaron sus armas en Salamina. Los desmotivó la muerte de 11 de sus compañeros y la captura de Jhónatan, que asumió el mando tras la detención de alias Alberto Guerrero, el 17 de enero de 2007.
Se ordenó la extinción de dominio.
Se inspeccionaron las cartas de propiedad para determinar quién era realmente el dueño de los inmuebles. Se usaron peritos topográficos y se establecieron las dimensiones exactas de los predios.
Se desarrolló la ocupación.
Los predios quedan a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (antes Dirección Nacional de Estupefacientes), entran a los bienes del Estado y luego se define qué pasa con ellos. Posiblemente sean para víctimas de los paras.
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