Pidieron libertad para detenido por robo a Bancolombia

LA PATRIA | MANIZALES

En suspenso se encuentra una audiencia en la que se define la libertad para Rafael Antonio Posada, el único detenido actualmente por el caso del robo de $2.500 millones a Bancolombia de la Avenida Santander, de Manizales, ocurrido en octubre del 2017.

Adalberto Zuluaga de los Ríos, abogado defensor del indiciado, sustentó el jueves en audiencia de control de garantías que se habían vencido los términos para decidir sobre la situación jurídica de su representado.

Se recuerda que en días pasados el Juzgado Cuarto Penal del Circuito resolvió la nulidad de la audiencia de allanamiento a cargos, ante la solicitud de retractación sustentada por la defensa por lo que consideró un vicio de consentimiento para aceptarlos, a su vez originado en una mala información dada por la Fiscalía al momento de ofrecerle beneficios por ello.

La representación de víctimas, en este caso el banco, interpuso el recurso de apelación, por lo que la decisión final sobra la nulidad la adoptará el Tribunal Superior de Manizales.

En la audiencia del jueves interpuso el recurso de reposición, que obliga al mismo juez, que ya había dado la libertad del procesado en la misma diligencia, a revisar su decisión y en caso de confirmarla, la víctima podrá apelar y sería un juez penal del circuito el que tenga la última palabra.

La situación de Posada cambió radicalmente desde el momento en que lo capturaron por su presunta participación en el robo al banco, el 29 de agosto del 2018, fecha en la que aceptó los cargos de los que después se retractó.

Dos semanas después se inició el procedimiento para otorgarle un principio de oportunidad, pero pasaron 25 meses y ocho días, según las cuentas del defensor, para que al final la Fiscalía en Bogotá se lo negara.

En total, afirma, lleva 32 meses detenido sin que se resuelva su situación. La discusión en torno a la solicitud de libertad por vencimiento de términos se basa en si el tiempo que ha transcurrido en prisión se debe a aplazamientos atribuidos al anterior defensor de Posada, o es una carga que debe asumir la Fiscalía.

Frente al recurso del representante de víctimas el juez suspendió la audiencia para estudiar los argumentos. Ayer debía continuar, pero por incapacidad médica quedó para la próxima semana.

La regla general es que a toda persona privada de la libertad le deben resolver su situación jurídica, es decir en juicio oral, en un término máximo de un año.