LA PATRIA | MANIZALES

"No se justifica el actuar de la Fuerza Pública al responder con 411 cartuchos a un no acatamiento de orden de pare, más aún cuando impactó un vehículo desde el cual no se le estaba atacando". Esta frase se lee en una sentencia del Tribunal Administrativo de Caldas, donde condena a la Nación, el Ministerio de Defensa y el Ejército a pagar $260 millones por la muerte de Lin Cobo Morales, de 25 años, el pasado 10 de noviembre del 2007, junto a otras cinco personas.

El hombre, desmovilizado de las Auc y postulado de Justicia y Paz, falleció en el sector El Basurero, de la vereda La Pradera, vía La Dorada-Victoria, cuando, según dijo el Ejército en esa época, se negaron a parar en un retén. Cinco víctimas iban en una camioneta Luv con platón, de placas OAH550 y, la otra, en una moto.

Al día siguiente, la fuerza de tarea Dragón, del Batallón Ayacucho de Manizales, presentó el positivo como un golpe contundente en un combate contra las Águilas Negras. La operación se denominó Nibelungo y se desarrolló a las 10:30 de la noche.

Las acciones

Según la sentencia, los militares instalaron 15 minutos antes un retén en una curva, sin las medidas de seguridad, con escasa visibilidad y sin usar las señales de pare. "Los uniformados que estaban allí reaccionaron de una manera exagerada, brutal y desproporcionada a un supuesto ataque del que fueron víctimas. Esa reacción de los militares generó la muerte de Lin Cobo y otras cinco personas", señala el documento.

Los seis asesinados provenían de Puerto Boyacá. Su misión, al parecer, era ir en busca de alias Terror, hijo del exjefe paramilitar Ómar Isaza. Al Ejército le llegó la información de su paso por tierras caldenses y por eso instaló el retén. Sin embargo, luego se manifestó que los fallecidos llevaban fusiles guardados dentro de un costal, en la parte trasera de la silla de la camioneta. Cinco de los hombres iban en el carro: dos adelante y tres en el volco, entre ellos Cobo Morales. Adelante se desplazaba un motociclista, que fungía como campanero. Cuando vio el retén, disparó al aire con una pistola, como señal de aviso para sus compañeros, y desde ahí arrancó todo.

Irregular

El Tribunal expresó que los militares se gastaron 301 cartuchos de fusil y 110 de ametralladora Negue. Además, el cuerpo de Cobo Morales quedó carbonizado, pues debido al exagerado uso de la fuerza, la camioneta se incendió.

"Fue un operativo irregular, pues no solo llegaron al sitio 15 minutos antes de los hechos, sino que la trayectoria de los disparos indica que se hicieron de arriba hacia abajo, como si fuera una emboscada contra los de la camioneta".

Jose Fernando Mancera Tabares, abogado que llevó el caso de esta víctima, explicó que el 22 de noviembre del 2013, el Juzgado Octavo Administrativo de Descongestión de Manizales negó, en primera instancia, las pretensiones de la demanda, aduciendo que el Ejército cumplió su labor.

"En la inspección judicial se advirtió que la unidad militar se apostó en un sitio desde donde tenía toda la panorámica de la vía para advertir el desplazamiento de los vehículos. Al estar en una curva, no era posible para las víctimas tener alguna reacción", dijo Mancera Tabares.

El Tribunal indicó que el material probatorio no establece la existencia del supuesto combate, ni de que las víctimas hayan accionada armas, por lo que se desbordaron los límites de la proporcionalidad y la necesidad.

"Cobo Morales murió producto de la onda explosiva causada por la combustión del vehículo, según la necropsia. La camioneta resultó incinerada como consecuencia de los disparos de los militares sobre la misma. No hubo explosión, pero la conflagración se pudo originar por una combustión de partícula a partícula por el contacto de las balas disparadas con el tanque de combustible".

Y concluyó: "Existe alta probabilidad de que mientras el vehículo se incendiaba con sus ocupantes adentro, los disparos de los uniformados continuaron, lo que resulta inaceptable, pues debieron detener el fuego y auxiliarlos".

Los implicados

La investigación penal en contra de los militares involucrados continúa en el Juzgado 57 de Instrucción Penal Militar. Por ahora siguen laborando, pues en el 2011 se abstuvieron de decretarles medida de aseguramiento.

Ellos son: mayor Jorge Galindo Cárdenas, sargento viceprimero Jaime Alexánder Vera y los soldados Carlos Andrés Jiménez Nuñez, Elkin Andrés García Ospina, William Castañeda Herrera, Carlos Julio González Benitez, Alberto Quintero Giraldo, Dany Daniel Correa y Jhon Freddy Gamboa López, que fue quien más cartuchos gastó: 100.

Según la investigación, la orden de la operación la dio el mayor Galindo Cárdenas, comandante de la fuerza de tarea Dragón, el 10 de octubre del 2007. Se reportó la incautación de 11 armas, 20 proveedores, una camioneta y una moto.

Las víctimas

Pedro Alfonso Triana Gómez, Ómar Páez Álvarez, Eudis Correa Ospina, Lin Cobo Morales, Jorge Armando Herrera Lozano y un N.N. Al menos cuatro tenían antecedentes judiciales. Solo las familias de cuatro de las seis víctimas demandaron.