
LA PATRIA | MANIZALES
Un juez impuso ayer medida de aseguramiento consistente en prisión preventiva domiciliara a la exregistradora de Manizales Alicia Sepúlveda Villa. Ella hizo parte del equipo de campaña de Augusto León Restrepo, candidato del liberalismo y el yepismo, durante la campaña para elegir gobernador de Caldas.
La Fiscalía señaló que Sepúlveda Villa incurrió en dos faltas a la ley penal: fraude procesal y ocultamiento de documento público, por el caso de los tarjetones que la misma señalada mostró durante el Comité de Garantías Electorales. Aquel encuentro se realizó en el Comando de Policía el 23 de agosto, dos días antes de los comicios.
En su sustentación el fiscal del caso señaló que la pretensión de reimprimir los tarjetones y reiniciar la campaña, a dos días de las elecciones del 25 de agosto, le hubiera costado al erario $7 mil 600 millones.
De igual manera, argumentó que a Sepúlveda Villa le solicitaron devolver los tarjetones remanentes. Se trata de las tarjetas que por supuesto error le había entregado la registradora especial, Ivonne Marcela Agudelo, pero la primera se quedó con una parte, que fue la que exhibió en el Comité.
Le dieron los tarjetones
La Fiscalía señaló que la imputada recibió el kit de tarjetones remanentes el 21 de agosto pasado. Previamente había solicitado tarjetones didácticos, que se usan para enseñar a votar a los electores.
La Registraduría respondió en un correo electrónico que de esos tarjetones no se tenían por lo atípico del proceso electoral. A cambio le anexó un formato digital que la campaña podía usar.
Las presuntas irregularidades detectadas por los investigadores de la Sijín y del CTI, que sustentan la imputación de la Fiscalía, apuntan a que el mismo día en que recibió los tarjetones la registradora Marcela Agudelo le informó que debían devolverlos.
Sin embargo, posterior al encuentro del Comité de Garantías Electorales, el gerente de la campaña Jorge Hernán Yepes Alzate, interpuso la denuncia penal que dio origen al procedimiento de la Fiscalía.
La registradora especial también interpuso su denuncia. Las averiguaciones de la Fiscalía y las entrevistas realizadas a la registradora y la exregistradora llevaron al ente acusador a formular cargos en contra de las dos, pues ambas coincidieron en que una hizo la entrega de los tarjetones remanentes y la otra los recibió.
Se recuerda que el lunes Marcela Agudelo aceptó cargos por falsedad en documento público, ocultamiento y falsa denuncia, como lo informó ayer este diario.
Inducir al error
Tras exhibir el material de prueba ayer en la audiencia de garantías, la Fiscalía señaló que el delito de ocultamiento ocurrió cuando Sepúlveda se quedó con tarjetones, pese a la exigencia de devolverlos que le hizo la registradora.
Por otro lado, señaló que con la pretensión de reimprimir todos los tarjetones se intentó inducir al error al Comité. Sin embargo, esa instancia decidió diferente y se acordó anular los faltantes. Agregó que en ese espacio se gestó el fraude procesal.
Contradicen imputación
Aristides Betancur Ciuffetelli, abogado de la exregistradora Alicia Sepúlveda, criticó la formulación de la imputación y solicitó una reformulación. Sin embargo, el fiscal la mantuvo y el representante del Ministerio Público lo apoyó. La juez de garantías también asintió.
El argumento de Betancur Ciuffetelli es que la Registraduría no maneja tarjetas electorales, sino que estas están siempre en poder de una firma de seguridad y que solo el día de las elecciones se llevan a las mesas de votación.
Medida de aseguramiento
El fiscal del caso solicitó que la imputada, Alicia Sepúlveda Villa, fuera recluida en un centro carcelario. Sin embargo, el defensor, Aristides Betancur, señaló que era excesiva para una persona sin antecedentes y que adicionalmente, así lo certificó, tenía la responsabilidad de velar por el bienestar de otras personas.
En este aspecto, la juez decidió parcialmente a favor de la defensa y ordenó la detención domiciliara de la exregistradora.
Para frenar
El lunes, cuando se realizó la imputacióna la registradora Marcela Agudelo, el juez de garantías sugirió que la investigación debía llegar hasta los determinadores que intentaron frenar el proceso electoral, en particular al darse cuenta que las encuestas no les favorecían a su grupo político.
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