Llegó el turno para que el mayor Josué Yobanny Linares Hernández, excomandante de la unidad militar Mártires de Puerres, demuestre si es inocente en el caso que lleva la justicia en su contra. Lo investigan por la muerte de dos jóvenes en la vereda La Java de Manizales, en el 2008. Otros militares están purgando condenas por el mismo hecho.
Al oficial del Ejército le imputaron cargos por homicidio, concierto para delinquir y falsedad ideológica en documento público. Aunque la juez de garantías le impuso medida de aseguramiento, esta no se hizo efectiva porque Linares no asistió a la audiencia.
Los defensores del mayor aseguraron que la inasistencia de su representado, quien vive en Bogotá, se debe a que él no siente que tenga garantías jurídicas en su proceso.
Al mismo tiempo, en una sala contigua, otro fiscal acusó formalmente al coronel Carlos Alfonso Suárez Ortiz, excomandante del Batallón Ayacucho de Manizales, por la muerte de un hombre en zona rural de Anserma en el 2008 (Ver recuadro El de de Anserma).
En el caso La Java
A siete militares que intervinieron en la supuesta operación, los condenaron a penas de 42 y 43 años de cárcel, por el asesinato de Darbey Mosquera Castillo y Alex Hernando Ramírez Hurtado, el 8 de febrero de 2008.
Los procesados tienen apelaciones en trámite ante el Tribunal Superior de Manizales.
Los hechos más relevantes dentro de esta investigación surgieron, en primer lugar, de la supervivencia de un tercer joven. Su salvación providencial se debió a que al soldado encargado de dispararle le falló el fusil y no pudo accionarlo, lo que le dio tiempo de escapar.
En segundo lugar, el soldado profesional Eulices Quintana Llanos, que estaba en servicio en El Tablazo, cerca del supuesto operativo donde ocurrió la ejecución, resultó siendo primo de uno de los dos muertos. Hoy tanto el sobreviviente como Quintana sirven de testigos contra los militares bajo protección de la Fiscalía.
De acuerdo con el relato del investigador, la responsabilidad del mayor Linares fue más allá de firmar la orden de batalla. "No se trató de una acción militar sino de una acción criminal", recalcó.
"Además de dar la orden y de planear el hecho, el comandante Linares estuvo recibiendo reportes, pendiente del teléfono". En el lugar de la operación, agregó, un teniente y unos soldados "accionaron los fusiles del Estado colombiano en contra de las tres víctimas".
Los tres eran de Pradera (Valle del Cauca). Lo que llama la atención es que los militares supieran con exactitud que el sobreviviente fuera de allí y emprendieran la búsqueda en ese municipio. El fiscal presume que la urgencia de la pesquisa era para darle muerte.
El primo habló
Cuando el soldado profesional le reclamó al comandante de la patrulla, teniente José Harbey Peña, por la muerte de su primo, Darbey Mosquera, este "se asombró y le dijo: 'nadie sabía que era su primo' y lo mandó a hablar con el mayor Linares", narra el fiscal.
"Cuando el mayor se enteró que uno de sus soldados era primo de uno de los muertos, del supuesto resultado operacional, lo primero que hizo fue decirle a Quintana Llanos, en su condición de comandante del batallón: 'usted no puede demandar, no puede denunciar este hecho, porque le va a causar problemas a sus compañeros del Ejército, inclusive puede ir gente a la cárcel'. Luego le ofreció enviarle una remesa a la familia de la víctima a Pradera y para ello le dio permiso al soldado", continúa la Fiscalía.
Lo que siguió a esta recomendación, denuncia el fiscal, fue que el mayor realizó acciones para ocultar el hecho. "Pero más aún, luego Quintana se entera por boca del soldado Palacios Prado, el reclutador de las víctimas, que el mayor Linares había dado la orden de matarlo, porque era testigo y en su condición de soldado profesional sabía como operaban acá y que la muerte de su primo no fue una baja lícita en combate sino un falso positivo, como lo denunció el mismo Quintana", enfatizó el investigador.
Basado en esta inferencia, el fiscal del caso solicitó que se dictara la medida de aseguramiento y así lo aprobó la juez de garantías. Sobre el militar pesa una orden de captura que, según explicó, no se ha podido hacer efectiva, por la habilidad del oficial para evadirla.
La defensa justificó la ausencia del mayor Linares en que faltan garantías jurídicas en el proceso. De igual manera argumentó, para evitar la medida de aseguramiento, que no es su cliente el que describen en la imputación, sino que el verdadero mayor es un hombre con muchas felicitaciones del Ejército por sus servicios.
La juez del caso aprobó la medida y señaló que cuando se haga efectiva el imputado deberá ser internado en la cárcel de Manizales.
El de Anserma
Un fiscal de Bogotá le imputó ayer al coronel Carlos Alfonso Suárez Ortiz (r), el delito de secuestro y homicidio en persona protegida. El trámite se realizó en Manizales ante el Juez Penal del Circuito Especializado de Pereira.
El caso por el que está llamado a responder ocurrió en Anserma el 27 de abril de 2008. Con el oficial también están procesados dos investigadores del CTI y otros dos militares.
Según los testimonios en los que se basa el acusador, al desmovilizado del Epl, José Alirio Jaramillo Grisales, de 39 años, lo secuestraron en Medellín el 25 de abril y dos días después apareció muerto en combates con el Ejército en la finca El Porvenir, en la vereda La India, en Anserma.
La defensa del oficial señaló al final de la audiencia, que demostrarán que la baja fue lícita, porque sí se trataba de un delincuente. Agrega que no hubo secuestro.
En este caso está por definir la fecha para las audiencias preparatorias, previa al juicio oral.
El dato
Tanto el coronel Suárez como el mayor Linares se presumen de inocentes hasta que la justicia determine lo contrario o los absuelva.
La cifra
108 militares están procesados en Caldas por los llamados falsos positivos.
Foto | Archivo LA PATRIA
En la mañana del 8 de febrero de 2008 realizaron en la vereda La Java de Manizales el levantamiento de los cuerpos de dos jóvenes. A ambos los presentaron como bajas en combate con el Ejército.
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