Mujeres del conflicto armado, en busca de la dignificación

LA PATRIA | MANIZALES

La lucha de las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia es imparable. Se resisten a ser borradas de la memoria histórica del país y a seguir siendo territorios u objetos en disputa.

A la par de su batalla intentan sanar las cicatrices de la violencia sexual, el abuso doméstico, el desplazamiento y se ilusionan con un futuro más esperanzador.

Estas discusiones y emociones se revivieron ayer en el conversatorio Reflexiones con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad: violencia sexual, daños e impactos psicosociales, que se transmitió a través del Facebook Live de la Comisión de la Verdad.

Adriana Benjumea, abogada y directora de la Corporación Humanas, estalló de la emoción mientras anunciaba la entrega de tres informes de investigación sobre la violencia sexual en el contexto del conflicto armado, que se intensificó y se exarcebó en multiples formas en los 90 y en el 2000.

“Es la oportunidad de insistir. Estos informes tienen reflexiones de los impactos en niñas, comunidades y mujeres. Su objetivo es contribuir en el esclarecimiento de la verdad, el reconocimiento del conflicto, traer la voz de las víctimas y sobrevivientes de abuso sexual y del despojo de sus comunidades”, expresó.

Los tres informes presentados:

1. Violencia sexual para despojar.

Fue desarrollado por la Corporación Humanas, en el 2005, con el apoyo del Consejo Noruego para Refugiados y la Unidad de Restitución de Tierras.

Este documento narra los testimonios de cerca de 300 familias campesinas, que fueron víctimas del robo de su producción, del dinero de las ventas y de la esclavitud sexual, en los predios ubicados en Chimborazo, Cantagallar, Nigrinis y Ceibones, en el municipio de Pueblo Viejo (Magdalena).

Los crímenes cometidos por el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, entre 1998 y el 2000, produjeron el desplazamiento masivo de los habitantes a principios de la década.

Las élites políticas de la región, que aún se perpetúan en el poder, también se suman a la lista de responsables de la ruptura de estas comunidades.

En el informe también hay espacio para la esperanza y las historias de resiliencia de las familias que habitaron esos territorios y tenían el sueño de trabajar la tierra para heredar a sus hijos.

2. Violencia sexual en el conflicto armado

Se desarrolla en los Montes de María (Bolívar) y San Andrés de Sotavento (Córdoba).

En esta investigación se documentan 47 de casos de violencia sexual sobre 39 mujeres. Los delitos recaen sobre miembros de las extintas Farc. Sin embargo, 10 hechos fueron atribuidos a las Fuerzas Militares que hacían presencia en el periodo de la seguridad democrática, en el cual debían proteger a las comunidades, pero lo que hicieron fue hostigar y violar a las mujeres.

Ilustra cómo la violencia fue utilizada para castigar a la población femenina y demostrar la lucha de poderes en los territorios. Este informe fue entregado en mayo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

3. Justicia para todas

“Si hablo ahora es porque yo quisiera que se hiciera justicia. No sé cómo, pero yo sé que de pronto esto servirá para eso. Para que de alguna u otra manera se haga la justicia que tiene que hacerse, no solamente para mí, sino para todas las que han pasado por esto”. Estas palabras las pronuncia una de las 30 mujeres que decidieron contar sus testimonios para hacer posible este trabajo.

El informe fue desarrollado en el marco del proyecto La justicia transicional, una primera frontera de la justicia, financiado por el Programa ProPaz de la cooperación alemana en Colombia y GIZ. Relata historias de violencia sexual cometidas por las Farc-EP, el Ejército y la Policía en Norte de Santander.

De los 30 documentados, 23 casos sexuales le ocurrieron a 21 mujeres (dos de ellas fueron víctimas en más de una ocasión) fueron entregados a la JEP el 2 de julio.

Los hechos sucedieron entre 1991 y 2016 y tuvieron lugar en 10 municipios del departamento: Ocaña, Convención, Tibú, Sardinata, El Tarra, la Playa de Belén, Lourdes, Cúcuta, Cucutilla y El Zulia. El rango de edad que tenían las mujeres era de 10 a 43 años, una tercera parte de las víctimas (7 de 21) fueron agredidas siendo menores de edad (5-17 años).

En busca de la dignidad

Finalmente, Adriana Benjumea, directora de la Corporación Humanas, resaltó que los casos allí recopilados hacen necesaria la reconstrucción de patrones de crímenes sexuales cometidos por miembros de la Fuerza Pública.

Este informe se suma a otros 38 que ha recibido la JEP en torno a este tipo de violencia. “Es evidente la necesidad de abrir un caso nacional de violencia sexual, violencia reproductiva y otros crímenes vinculados a la sexualidad para que la justicia no siga llegando tarde para las mujeres”, afirmó Benjumea.

Catalina Díaz, presidenta de la Sala de Reconocimiento de la JEP, señaló que el 40% de los informes que recibe la Jurisdicción incluyen casos de violencia sexual por parte de grupos armados legales e ilegales. “Es poco lo que hemos hecho y son muchas las exigencias de justicia que hay. Tenemos un desafío enorme para hacer justicia sobre todo esto y por eso hemos emprendido los pasos para la segunda ronda de priorizaciones de casos”.