LA PATRIA | MANIZALES
Cuatro militares procesados por homicidio en persona protegida enviaron su solicitud de acogimiento a la Justicia Especial para la Paz (JEP). Ayer debía realizarse la audiencia de formulación de acusación en Manizales, pero ante el reparo de Fiscalía y defensores se envió el proceso a la JEP.
Hace 12 años ocurrió en zona rural de Samaná lo que para el ente acusador fue un combate simulado y como resultado del mismo se dio la muerte, con disparos de fusil, de Jhonatan Silva Ducuara.
El joven fue traído en un camión NPR del Ejército, desde (Chaparral) Tolima, hasta el municipio del oriente de Caldas. Según sus allegados, miembros del Batallón de Contraguerrillas 102, en donde prestó servicio militar, le hicieron una oferta de trabajo.
Esa fue la razón por la que el 15 de octubre del 2007 se embarcó con los militares. En el mismo viaje iría un amigo, que a última hora se arrepintió. Solo se limitó a decir que sí a Silva Ducuara le iba bien, después lo seguiría.
Sin embargo, dos días después, en una operación denominada Omega, como figura en la orden y documentos que acreditan la misma, murió en un supuesto combate.
Según el resultado operacional, el supuesto enfrentamiento se presentó en la madrugada del 19 de octubre en el sector La Cuchilla de San Roque, corregimiento de San Diego. El informe señala que al abatido le encontraron un revólver, cartuchos, una mina antipersonal y cordón detonante.
Envío a la JEP
La Fiscalía y la defensa de los militares, entre los que se encuentra un coronel retirado del Ejército, argumentaron en la audiencia ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales que la existencia de la JEP, más las normas y jurisprudencia relacionadas con implementación de los acuerdos para la construcción de la paz muestran el destino que debía tomar este expediente.
El jefe del despacho respondió que si bien era ineludible enviar el proceso a la Sala de Revisión de Situaciones Jurídicas, como finalmente lo ordenó, la competencia de la especialidad penal ordinaria podría subsistir hasta que la JEP resuelva dar trámite al caso en esa jurisdicción.
Recordó que el objetivo de la JEP es procesar a los máximos responsables de delitos en el marco del conflicto armado.
Cerca de 20 expedientes que implican a unos 55 militares en ejecuciones extrajudiciales en Caldas han sido enviados a la JEP.
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