Los 11 funcionarios, interventores y contratistas que participaron en el proceso de adquisición de sillas para el estadio Palogrande, negaron los cargos que les imputó la Fiscalía por presuntos delitos develados en los sobrecostos por cerca de $630 millones.
El pasado martes comenzó la audiencia en la cual el ente acusador señaló que el alcalde Juan Manuel Llano pudo incurrir en peculado, celebración indebida de contratos y contratos sin cumplimiento de requisitos legales.
Ayer continuó con los señalamientos a los demás implicados. Destacó en la jornada que la forma en que se llevó a cabo el proceso contractual violó el principio de selección objetiva, porque un asesor contratado por la Alcaldía, tenía intereses en las empresas que finalmente participaron en la ejecución del proyecto.
A quienes tuvieron a cargo la evaluación del proceso de contratación el Fiscal del caso no les imputó el delito de peculado, pero sí los señaló de incurrir en celebración indebida de contratos.
El investigador anunció que solicitaría las medidas de aseguramiento para los implicados. Ayer al cierre de esta edición esta etapa del proceso no se había abordado.
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