Limpieza asesina en Caldas

LA PATRIA | MANIZALES

Primero llegan los panfletos amenazantes contra "viciosos, sapos, cuatreros, ladrones, travestis, desempleados, sicarios y prostitutas". Después ocurren los asesinatos.

Caldas no es ajena a este fenómeno. El libro Limpieza social, una violencia mal nombrada, del docente de la Universidad Nacional Carlos Mario Perea, identifica que Chinchiná y La Dorada ocupan el primero y el décimo puesto en poblaciones de menos de 100 mil habitantes con el mayor registro de casos entre 1988 y el 2013. El departamento figura noveno en el país, aunque en población, según el DANE, ocupa el puesto 17.

El experto insiste en que se trata de un exterminio sistemático, que ataca a poblaciones específicas y tiene a cuatro autores principales de torturas, amenazas, agresiones y homicidios: paramilitares, agentes del Estado, grupos delincuenciales locales y ciudadanos del común.

Agarrados de las manos

El 21 de marzo del 2007, los paramilitares del Cacique Pipintá, al mando de alias Coca Cola, amenazaron con limpiar a Chinchiná de la delincuencia que seguía en aumento. Esto se efectuó con el consentimiento de autoridades locales, según documentó el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).

Luego, el 12 de abril de ese año, desaparecieron tres jóvenes que figuraban entre los amenazados por este grupo. Al día siguiente los encontraron muertos en el sector de La Violeta, en la vía antigua entre Chinchiná y Manizales.

Ellos ingerían licor con unos amigos en un parque. Se desconoce la hora del rapto. Los obligaron a tomarse de las manos, caminaron por una carretera angosta y destapada en medio de la oscuridad. A cada uno le pegaron un tiro en el pecho y otro en la frente. Ahí quedaron las marcas de zapatos de suela gruesa y de un vehículo, aparentemente un campero.

Las víctimas fueron los hermanos José Rubiel y José Albeiro Galvis Foronda, y su amigo Jorge Eliécer Arias Soto. Son tres de los 193 muertos que ocurrieron en Caldas y de los que da cuenta el libro del docente.

Surgimiento

El profesor de la Nacional e investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) asegura que el exterminio social nació a finales de los años 70 en Pereira y se le conoce en la sociedad como limpieza social para denigrar a la víctima, sin respeto por su humanidad y legitimando su asesinato.

"La eficacia de esta práctica es el hecho de matar de manera fría y despiadada. De esto no se habla, no hay nada que diga que es una práctica aberrante que se castigará. No está tipificada en el Código Penal, solo se ve como homicidio agravado y concierto para delinquir. Debe ser considerada de lesa humanidad", sostiene Perea.

Con esto buscan que las investigaciones sigan su curso y encuentren a los culpables.

Criticó también la falta de estudios del Estado sobre este fenómeno y que no aparezca en las agendas de concejos municipales o asambleas. Añade que la única entidad que tiene registro es el Cinep, desde 1988, y que encontraron que este crimen surgió con el fenómeno de urbanización en Colombia. A medida que crecieron las ciudades, la periferia empezó a sufrir este problema.

También está el temor. "El exterminio ocurre como una sanción moral que hace que la gente no denuncie porque siente vergüenza de que su familiar fue ultimado por ser marcado de drogadicto, ladrón o hampón. Hay sectores que pagan, patrocinan y organizan, y en la población existe mucha indiferencia", añade.

¿Cuál es el motivo? Perea sostiene que los agentes armados utilizan este método para ganar reconocimiento, porque saben que el exterminio tiene un alto grado de convencimiento y legitimidad en la población.

"La paz es un proceso que no menciona a la ciudad. Esto nos ha llevado a relegarla junto a sus violencias. El exterminio social es una violencia propia, tenemos que ver que es la violencia de la calle, que buscan regular la convivencia, y la sociedad participa de manera activa", concluye.

Llegada por el oriente

El periodista y autor del libro Balas Por Encargo, Juan Miguel Álvarez, estudió el fenómeno del exterminio social en el oriente de Caldas. Asegura que este arribó de la mano de los narcotraficantes del Cartel de Medellín y luego del paramilitarismo.

Al departamento llegó un engendro del reconocido grupo delincuencial Muerte a Secuestradores (Mas). "La Policía Judicial de la época, más que motivadora, fue partícipe. Ayudó a que pertenecer al Mas fuera de estilo, de categoría, de ejercer obras dignas de un proyecto político de país.", explica Álvarez.

En La Dorada, Puerto Triunfo (Antioquia) y Puerto Boyacá (Boyacá) se inició la invasión, luego se extendió a municipios de montaña como Victoria, Marquetalia y Samaná y, con algunos casos, en Pensilvania.

Después de la desintegración del Mas, asegura el periodista, nacieron las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, que contaban con más miembros. La gente de La Dorada se acostumbró al exterminio, lo veía como un control, se identificaba con los paras, participaba y los financiaba.

"A finales de los 90 aparece una fuerza paramilitar muy brutal, la de Ramón Isaza, las Autodefensas del Magdalena Medio. Ejercen control político, social y económico muy fuerte", añade.

Según el Tribunal Superior de Bogotá, son 9 mil 400 hechos atribuibles, 3 mil 147 confesados y mil hechos imputados por la Fiscalía a esa agrupación. Se habla de, al menos, 500 muertos y 20 masacres, siete de ellas en Caldas.

Juan Miguel añade que en esta región, incluso, al niño que encontraran robando algo de poco valor lo obligaban a podar las orillas de las carreteras y lo vigilaban. Hasta dejarse crecer el cabello, tener aspecto de metalero o ser homosexual era motivo de castigo.

Los enviaban a una isla en medio del río Magdalena a efectuar trabajos forzados, otras veces los amarraban a un árbol por horas o días. Quienes eran advertidos y no obedecían, no tenían otra oportunidad. Los mataban.

Contra el campesino

"El más terrible fue el más injusto. Se trata de los ladrones campesinos, jornaleros de fincas de café, que no eran dueños de tierras, y con familias numerosas. El sueldo semanal era de entre $70 mil y $120 mil. Los más arriesgados robaban café y luego lo vendían", explica Juan Miguel Álvarez.

Si los capturaban los asesinaban. Muchos hijos mayores murieron a manos de los paras.

Añade que el exterminio social en los municipios apartados fue sensible para la comunidad, así como en los sectores rurales. Todo, con el fin de establecer control territorial, político y social.

Los últimos

Las estadísticas demuestran que el exterminio social persiste, aunque se ha reducido notablemente. El Cinep pone como ejemplo el asesinato el pasado 2 de julio en el barrio Fátima, de Manizales, de Edwin David Patiño, de 22 años, conocido como Kumis.

Había quedado libre tras una investigación por supuestos atracos en Palermo y en el Morro Sancancio, ante la falta de denuncia de sus supuestas víctimas.

En Anserma también suceden estos casos. En diciembre, ciudadanos relacionaron los homicidios aislados de tres jóvenes de 16, 18 y 20 años con una posible limpieza social y la existencia de panfletos que los identificaban.

Este método está tan arraigado en la población que hace apenas un mes se encontraron panfletos amenazantes en Pácora y en el barrio Chipre de Manizales. Sin embargo, el Ejército y la Policía les restaron importancia e indicaron que se trataba de propaganda gris, nada más ni nada menos que "mensajes de ciudadanos del común que aprovechan la disputa de la Fuerza Pública contra las bandas criminales en otras regiones para generar zozobra". La gente cree que es un método eficaz para asustar a la delincuencia común, y las autoridades poco hacen por verificar de dónde provienen las amenazas. Ese es el panorama que legitima la mal llamada limpieza social, y que en realidad es una forma de exterminio.