
LA PATRIA | MANIZALES
A Claudia Luz Alba Porras Rodríguez, alcaldesa de Socorro (Santander), la Fiscalía le imputó cargos por posibles anomalías en un contrato.
Este proceso hace parte de la iniciativa Transparencia para la Emergencia, del ene acusador. La sindican por su presunta responsabilidad en el delito de celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.
La investigación se relaciona con, al parecer, irregularidades detectadas en el convenio de asociación N.º 20030103, suscrito el 27 de marzo anterior entre la Alcaldía de Socorro y la Corporación Rayos de Esperanza, por $125 millones 756 mil.
El objeto era brindar apoyo en la atención del adulto mayor vulnerable en la modalidad Centro Vida, con un plazo de ejecución de 39 días. "De acuerdo con lo establecido, la mandataria tramitó el contrato sin advertir los requisitos legales esenciales para esa etapa precontractual, pues la corporación no tenía experiencia e idoneidad para ejecutar el
convenio, según lo exigido en los estudios previos", recalcó la Fiscalía.
En la investigación se evidenció que la Corporación Rayos de Esperanza se inscribió en la Cámara de Comercio el 3 de marzo, entró en funcionamiento el 25 de marzo y, el 27 del mismo mes, suscribió el contrato con la Alcaldía.
El jueves se realizará la audiencia para la solicitud de medida de aseguramiento.
R. Casos
Esta judicialización hace parte de las anunciadas el pasado 21 de mayo por el fiscal General, Francisco Barbosa Delgado, como uno de los líderes del bloque anticorrupción, conformado además por la Contraloría y la Procuraduría General, para garantizar la destinación correcta y legal de los recursos dispuestos para la atención de la emergencia.
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