LA PATRIA | MANIZALES
Una muestra de sangre o saliva frena aún el juicio oral por el caso del hurto a Bancolombia de la Avenida Santander, en Manizales. Es lo que falta para saber si dos acusados son responsables o no por el robo de cerca de $2.300 millones, en octubre del 2017.
El juicio debía empezar el lunes próximo, luego de varios aplazamientos, pero ante la falta de la práctica de una prueba científica el fiscal del caso solicitó posponerlo.
Un nuevo capítulo lo escribió la representación de víctimas, que interpuso una acción tutela para que se practicara la prueba de ADN, ordenada por un juez, en la que se especifica que deben ser conducidos así sea a la fuerza.
La tutela implicaba directamente al despacho del fiscal que tiene a cargo el caso. Hubo otros a quienes se les desvinculó del proceso. La acción fue negada el lunes por el Tribunal Superior de Manizales. Hasta hoy tiene plazo el accionante para impugnar.
El tema parecía simple: un juez ordenó que se hiciera la prueba, así fuera por la fuerza, de donde se deduciría que solo había que llevar a los procesados, hoy en libertad por vencimiento de términos, a la sede de Medicina Legal, y sustraer los fluidos para el cotejo genético.
La idea es comparar el resultado con el ADN obtenido en el elemento de prueba denominado “botella de agua”, que según la investigación olvidaron los delincuentes en la sede bancaria objeto del robo.
Sin embargo, todo se complicó al interpretar la orden. Al parecer, se entiende que a los acusados los pueden llevar a la fuerza a Medicina Legal, pero en esa dependencia ellos niegan el consentimiento y hasta allí llega todo. Así ha sucedido una y otra vez.
Intentos fallidos
La Fiscalía al responder la acción de tutela hizo una lista de 20 diligencias emprendidas para que se tome la muestra de ADN. Al final todos los intentos han fallado. Ha pasado cerca de un año desde que se programó por primera vez el juicio y solo falta esa prueba para iniciar.
El Tribunal Superior de Manizales llamó la atención sobre la desavenencia que hay entre Fiscalía y representación de víctima, que deberían actuar como uno solo. De hecho la práctica de la prueba fue una gesta emprendida por este último.
En el trámite de la acción de tutela el fiscal a cargo manifestó que sigue interesado en obtener el cotejo de ADN y en eso se basó su solicitud de aplazamiento del juicio.
Lo que ha pedido la víctima en la acción es que garantice su derecho a la administración de justicia. El Tribunal indicó: “las dificultades que se han suscitado entre la Fiscalía y el representante de víctimas respecto de la manera como se debe emitir la orden para su cristalización, no es una razón suficiente para inferir la vulneración del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia”.
Dato
Desde el 29 de agosto del 2018 se solicitó la prueba de cotejo de ADN, pero pasados dos años y cuatro meses aún no se realiza.
Síntesis
*En octubre del 2017 ocurrió el hurto.
*En agosto del 2018 se dieron seis capturas.
*Aceptó cargos Rafael Antonio Posada Londoño, de 62 años, quien les hacía mantenimiento a las bóvedas de la entidad financiera.
*Otra mujer conocida como Yuly empezó a colaborar con la justicia luego de recibir amenazas.
*El dueño del restaurante Don Ramón ubicado diagonal a la sede bancaria y un empleado son quienes esperan juicio y a quienes se les deben tomar muestras de ADN.
*Otros dos procesados, señalados en la investigación como expertos en sistemas de seguridad, tendrán un juicio aparte.
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