Juicio por Manizales Segura, en sus últimas instancias

LA PATRIA | MANIZALES

Tras 11 años de iniciada la investigación por presuntas irregularidades en Manizales Segura, la Fiscalía, Procuraduría y abogados defensores presentaron ayer los alegatos de conclusión dentro del juicio oral que se adelanta contra ocho personas.

Enfrentan cargos por violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y celebración indebida de contratos. Hoy, a partir de las 8:30 de la mañana, en el Palacio de Justicia, continúa la audiencia.

La creación de Manizales Segura en el 2006, un impuesto que buscaba recaudar recursos para invertir en seguridad, generó una investigación en el 2007, cuando la Contraloría anunció hallazgos fiscales.

Dos años después, en el 2009, el caso llegó a la Fiscalía, y en el 2010 se inició el proceso judicial contra 19 personas, incluidos el alcalde de la época, Luis Roberto Rivas; el secretario de Gobierno, Julián Andrés Vasco; y el representante legal de la entidad, Ariosto Montoya.

En septiembre del año pasado absolvieron a 11 señalados, pero siguió el juicio contra Rivas, Vasco y Montoya y otros cinco. Ayer, ante el Juzgado Primero Penal del Circuito se presentaron los alegatos de conclusión.

La Fiscalía solicitó la nulidad del proceso, petición que apoyaron la Procuraduría y la defensa de las víctimas. Concordaron en que por este caso había un delito, pero no contaban con pruebas suficientes. Solo se expuso el informe de la Contraloría que no fue concluyente, por tratarse de un estudio preliminar.

Los abogados de los señalados pidieron que se cerrara el caso y que se declarara la inocencia de sus defendidos.

Entre lo que alegaron, sostuvieron que el Tribunal Superior de Manizales y la Corte Suprema de Justicia declararon la recolección de unas pruebas como ilegales. Se trata de unos allanamientos a los que un abogado considero como "maquillados".

Aristides Betancur Ciuffetelli, quien defiende a Natalia Andrea Gallo López, señaló que la prueba reina de la Fiscalía no tenía validez. "Son frutos del árbol envenenado, el fiscal no podía introducirlos y se quedó sin pruebas. En la audiencia le solicitó al juez una nulidad y retrotraer el proceso a la audiencia preparatoria. Ya es una prueba contaminada, es ilícita".

Añadió que una justicia tardía no es justicia y que no existió certeza jurídica sobre los hechos.

Un largo proceso

11 años completó este proceso judicial. Desde el 2007 que iniciaron las investigaciones se vio interrumpido además porque un juez se declaró impedido para continuar en la etapa preparatoria.

Luego, el fiscal encargado pidió que se aceptaran las pruebas recogidas en los allanamientos y recusó al juez que adelanta el juicio oral, que arrancó en febrero del 2016 y se aplazó hasta este año.