La Juez 17 con función de Control de Garantías dictó medida de aseguramiento en su lugar de domicilio para la coronel y excomandante del Gaula de la Policía de Manizales por su presunta participación en el secuestro y homicidio del comerciante Jairo Arley Carvajal Sánchez.
El motivo de dicha determinación radicó en que la hoy imputada está en periodo de lactancia y al cuidado de una menor de edad. En medio de la diligencia judicial la delegada del Ministerio Publico avaló la solicitud de la Fiscalía y aseguró que la mujer debe suministrar la dirección de residencia donde será su lugar de detención. Luego de esta decisión la defensa de la mujer apeló la medida.
La coronel es investigada por el secuestro y homicidio del comerciante Carvajal Sánchez que se registró en enero del 2011 en la ciudad de Manizales.
La fiscal del caso manifestó que el hombre fue hallado dentro de un vehículo totalmente incinerado, sumado a esto el reporte forense reveló que el comerciante tenía signos de tortura, como descargas eléctricas provocadas por una pistola taser.
Así mismo hallaron signos de asfixia por inhalación de humo. “Lo cual comprueba que el comerciante se encontraba vivo cuando el vehículo en el que fue encontrado se incendió”, afirmó la fiscal.
Según la Fiscalía, la responsabilidad de la coronel sobre los hechos radica en que habría omitido a sus superiores y al fiscal que llevaba la investigación de la desaparición lo sucedido con los hechos ocurridos, que también involucraban a dos uniformados adscritos a la Unidad del Gaula de la Policía de Manizales.
Para la fiscal del caso “los responsables del secuestro y posterior asesinato son varios agentes del Gaula de la Policía en Caldas, quienes durante nueve horas de retención ilegal contra Jairo Arley Carvajal, lo obligaron a firmar documentos de traspaso de varias propiedades antes de asesinarlo”, indicó.
Así mismo, indicó que “para la Fiscalía es claro que la mujer intentó desviar las investigaciones por el crimen del comerciante, plantaron pruebas falsas y colaboró con quienes retuvieron y secuestraron al ciudadano, desconociendo su deber constitucional como policía de salvaguardar y defender la vida, honra y bienes de los ciudadanos”, aseguró.
Por estos hechos la Fiscalía capturó dos patrulleros y se ha condenado a dos uniformados más, tiene en juicio a un intendente de la institución y libraron una orden de captura contra un capitán en retiro.
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