LA PATRIA | MANIZALES

Cuatro funcionarios de Cenicafé, entre contadores e ingenieros agrónomos, afrontan una investigación. La víctima en esta denuncia es el ingeniero experto en suelos José Horacio Rivera Posada. El supuesto afectado indicó que desempeñó en esa empresa el cargo de profesional científico II y que los denunciados, que tienen cargos directivos y superiores funcionales, le dieron tratos discriminatorios y arbitrarios en varias ocasiones.

"Se dio por mi afiliación al sindicato de la Federación de Cafeteros. No me dejaron desarrollar a cabalidad mis funciones, no me permitían ir a eventos académicos, asesorías y acompañamientos profesionales para diferentes entidades. Lo autorizaban si lo asumía de mi bolsillo y con mis días de vacaciones. Me negaban sin justificación el pago de bonificaciones económicas", relató.

Lo despidieron y luego lo reintegraron por una demanda. Anotó que los hechos los conocieron la empresa y el Ministerio de Trabajo, pero no obtuvo respuestas de fondo. Los casos se archivaron. Por eso denunció penalmente, el 21 de agosto del 2015, por hostigamiento.

Caso

La Fiscalía solicitó, en agosto pasado, la preclusión, pues no encontró méritos para continuar. Adujo, entre otras cosas, que las invitaciones que llegaban debían dirigirse al gerente, no a título personal del demandante. Y que cuando el profesional participaba en eventos, sin ser iniciativa de la empresa, tenía que asumir los gastos, como lo hizo uno de los cuatro demandados con un viaje a Japón.

Sin embargo, un mes después, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales negó la petición. Ente acusador y la defensa de los señalados apelaron ante el Tribunal Superior, cuyos magistrados determinaron el jueves, como lo hizo el juez, que la Fiscalía debe analizar si en realidad no cabe ningún delito.

Eso no quiere decir que el ente acusador deba imputar cargos, pero sí agotar todas las instancias para determinar si existen o no otros delitos (ver recuadro), aclaró el Tribunal. "No debe apresurarse la Fiscalía a acudir a la preclusión cuando falten elementos sobre los cuales deba indagarse".

Posibles delitos

• Hostigamiento. Prisión de 12 a 36 meses y multa entre $8 millones 281 mil y $12 millones 421 mil.
• Violación de los derechos de reunión y asociación. La pena es de 1 a 3 años. La multa va de $83 millones a $248 millones.