Las autoridades adelantan las diligencias que permitan llevar ante un juez al hombre que presuntamente cometió un abuso sexual contra un niño de 10 años dentro de las instalaciones del Batallón Ayacucho.
Por el momento buscan a un civil que de manera irregular estaba viviendo en las casas fiscales de la unidad militar, como se denominan los apartamentos destinados a los oficiales y suboficiales, junto con sus familias.
El hecho ocurrió el vienes de la semana pasada. Según una fuente de la Fiscalía el caso lo denunciaron el mismo día y al tiempo adelantaron la valoración del menor por parte de Medicina Legal.
Ayer el ente investigador adelantó los trámites ante el Juzgado sexto con función de control de garantías, para que expida la orden de captura contra el hombre señalado.
El comandante de la Octava Brigada, coronel Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, le dijo a LA PATRIA que el civil a quien le atribuyen el abuso vivía en el apartamento ocupado por una oficial (de la cual es hermana) casada con un suboficial.
En ese sentido acepta que la pareja incumplió una regla de las casas fiscales, según la cual cuando una persona civil va a vivir durante un tiempo extenso, como en este caso, con los militares que las ocupan, estos últimos deben informar y dejar constancia de ello, pero en esta ocasión no lo hicieron.
Pinto Lizarazo le confirmó a este medio que ante esta irregularidad, conocida por él al tiempo que la gravedad de lo que se investiga, decidió esta semana que el matrimonio debía desocupar el apartamento.
Acerca del autor del presunto abuso, hasta ayer continuaba en libertad. Al parecer se fugó antes de la denuncia. El despacho de la Fiscalía a cargo del caso espera que una vez autorizada la captura, esta se produzca para judicializar al civil.
Una persona que solicitó reserva de su identidad y aportó datos sobre el hecho, indicó que al civil le habían dado mucha confianza en la oficina de Indumil, a través de la cual se negocian armas, municiones y explosivos para trabajos en minas y demoliciones.
Dijo que tenía acceso a la documentación y recibía las solicitudes de adquisición de armas, algo que no pueden delegar los militares a cargo de esta sección.
Esta denuncia la desmintió el comandante de la Octava Brigada. Enfatizó que esa persona nada tenía que ver con Indumil y no laboraba allí.
Al suboficial a quien se le solicitó que desocupara el apartamento lo notificaron hace un mes de su traslado a otra zona del país, al igual que a otros 120 suboficiales de la Octava Brigada.
El comandante de la Octava Brigada, Marcos Evangelista Pinto, informó que desde que conocieron la denuncia ordenó de atención sicológica especial para el menor.
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