LA PATRIA | MANIZALES

"Hoy deberían estar inaugurando El Congal, el centro poblado, las casas, el puesto de salud, la escuela. Fue claro el juez el 19 de diciembre del 2016 y dijo que para diciembre del 2018 tenía que estar culminado", reclamó Jhon López, líder del proceso de retorno y vocero de la comunidad.

Fue hace dos años que un Juzgado de Restitución de Tierras les ordenó a las autoridades reconstruir la vereda de Samaná, que sufrió desde el 2002 los embates de la violencia provocada por las Farc y las Auc.

Pero sus anteriores habitantes, quienes hoy residen en otros lados, denuncian que en nada les han cumplido y hoy harán sentir su voz de protesta en el mismo sitio que ya se debería haber levantado como el otrora próspero pueblo.

López sostiene que no se ha hecho nada y solo la Unidad de Restitución les ha cumplido con proyectos productivos y que todos son los culpables de que esto no marche.

A él lo amenazaron luego de una audiencia en septiembre pasado en El Congal, por lo que tuvo que abandonar su tierra y alojarse en otro departamento, incluso con medidas especiales de protección. Su salida afectó a la comunidad, que alega que perdió a un líder y los conflictos entre propios no se han hecho esperar.

"El juez no ha podido hacer cumplir las órdenes, la Procuraduría ha amenazado con desacatos y no los ha hecho, la Gobernación dice que hay recursos y no ha hecho nada por articular a las otras organizaciones, la Unidad de Víctimas tendría que ser la coordinadora y tampoco ha cumplido, la ANT es la gran responsable jugando a las adivinanzas", critica López.

Pero también reflexiona sobre el papel de la comunidad, que por su pasividad también es responsable y por eso dice que a partir de hoy, con su manifestación, empezará a exigir sus derechos. "Si es necesario nos pararemos en la Plaza de Bolívar, porque queremos hacer andar el proceso".

No ha vuelto a saber nada de las autoridades. Recuerda que la vía entre Florencia y El Congal la hicieron los campesinos y luego obtuvieron apoyo de la Gobernación. De resto, solo promesas de indemnización o de reconstrucción, pero ni la sombra de eso ven.

Fallido

Voceros de la Unidad de Derechos Humanos de la Gobernación de Caldas señalan a la ANT como la culpable de que el proceso no tenga los avances esperados desde hace dos años. "El proyecto se ha vuelto fallido. La Agencia no ha cumplido con el trabajo que por ley le corresponde. Todo está en sus manos. El 5 de septiembre no asistió a El Congal y tampoco se disculpó", manifestaron.

Explicaron que la demora en la restitución no permite dar los pasos requeridos. "Sin eso no se puede hacer el movimiento de tierras. Se espera remover unos 23 mil metros cúbicos. Tenemos un buldócer parado en Samaná, a la espera de la orden para iniciar trabajos. Le presentamos el levantamiento topográfico a la ANT, pero cada vez sale con más requerimientos o pide información adicional", manifestaron los voceros.

Agregaron que les preocupa, además, que no está claro a que se refiere el juez cuando habla de "La Nación", pues han llamado a varios ministerios y les responden que no son competentes, por lo que desconocen qué ente debe aportar para la cofinanciación de las obras a ejecutar. Adicional, el juez saldría de su cargo a fin de año.

LA PATRIA contactó a la ANT desde horas de la mañana. Al final de la tarde indicó que ya tenía el cuestionario, pero que solo podría responder mañana (hoy) porque está en cierre fiscal.

Lo ordenado

1. Amparar el derecho fundamental a la restitución de tierras.

Avance: El Municipio aún no recibe, de la Agencia Nacional de Tierra, las titulaciones, situación que frena los demás procesos. "En la última reunión de seguimiento, la Agencia indicó que en tres meses estará lista la titulación, la cual estaba planeada para el 5 de octubre. El gobernador convocó al nuevo responsable de la ANT, pero no estaba empapado del tema, que no había sido notificado. Se comprometió a poner un funcionario en Samaná para acompañar el proceso. Vino un topógrafo e hizo más requerimientos, algunos que ya se habían cumplido", manifestó la Gobernación.
 

2. Ordenar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi que actualice sus bases de datos alfanuméricas y cartográficas.

Avance: IGAC ya definió catastralmente el polígono donde se desarrollaría el predio, de 2,6 hectáreas. Juez aceptó una modulación de este proceso, para sanear los títulos que ya se entregaron.

3. Que la Unidad Administrativa Especial de Restitución de Tierras Despojadas, Grupo de Proyectos Productivos, diseñe e implemente proyectos productivos.

Avance: Wilson Betancur, un líder de víctimas, sostuvo que la Unidad les cumplió por el momento a 10 familias, a quienes les entregó subsidios para iniciar proyectos productivos con ganado, cría de aves, porcicultura y cultivos de café.

4. Que el municipio reconozca el alivio de pasivos por impuesto predial, tasas y otras contribuciones sobre los predios restituidos.

Avance: Ya se cumplió, según la Gobernación de Caldas.

5. Ordenar a la Gobernación el mejoramiento del centro poblado, adecuación de la escuela, del acueducto vecinal y arreglo del centro de salud.

La Gobernación indicó que el sitio era un caserío, pero a través del Municipio se elevó a centro poblado, en un proyecto para 48 familias, de las que inicialmente retornarán 24.

No se recuperará el centro de salud, pues la cantidad de familias no lo permite. Pero sí se hará un Centro de Atención Social, idea que ya se socializó con el juez. Sin embargo, en el diseño se dejarán unos remanentes para que, si crece la demanda, poder ampliar a otro nivel. Los recursos para cofinanciar los dispuso la Territorial de Salud, a través de un certificado de disponibilidad presupuestal.

La escuela se diseñará de acuerdo con los parámetros que define la Nación para ese tipo de sitios. Será tipo uno. Para los diseños se tienen cerca de $100 millones, a la espera de la contrapartida. La Secretaría de Educación ya llevó el proyecto al Gobierno.

Para el acueducto, en conjunto con Corpocaldas, se identificaron los puntos de donde se puede tomar el agua. La comunidad tenía unos tanques, pero no son suficientes. Se tendrá que conducir desde unos 3 o 4 kilómetros. Aunque se trata de aguas limpias, podrían sufrir afectaciones por los desarrollos agropecuarios, por lo que se diseñará una planta de tratamiento de agua potable. Hay recursos por $900 millones en un certificado de disponibilidad presupuestal.

6. En conjunto con el Invías, mejorar las vías de acceso, para que los campesinos afectados por la violencia puedan sacar sus productos. Además, le ordena al Gobierno Nacional garantizar los recursos para estas obras.

"Mejoramos las vías entre Florencia-Quiebra del Abejorro, El Abejorro-El Congal. Con Mindefensa y Municipio se mejoró la infraestructura de ese tramo. Se han hecho acuerdos con Samaná para ello. Esperamos que el juez convoque a Invías, para hacerle mantenimiento al resto, pues no lo convocan a las audiencias", respondió la Gobernación.

7. Que la Nación, la Gobernación y el municipio de Samaná construyan un monumento en honor a las víctimas, en el centro poblado.

Ya está financiado por la Secretaría de Cultura. En días pasados recibieron del Municipio el bosquejo del proyecto.

Para eso hay apropiados por ahora $46 millones.

El desplazamiento

Según el fallo, el desplazamiento en el departamento se incrementó a partir del 2000 y alcanzó su punto más alto en el 2002, cuando expulsaron a 15.526 personas. La mayoría del Oriente, en especial Samaná y Pensilvania.

*El primer municipio fue el más crítico. En el 2000 salieron de Samaná 131 personas y en el 2001, 2.031. El punto más alto se alcanzó en el 2002, con 7.589 personas expulsadas, gran parte por dos desplazamientos masivos registrados en febrero y abril del mismo año, debido a incursiones de las Farc en el corregimiento de San Diego.

*En el 2003 disminuyó a 3.199, en el 2004 pasó a 1.916 y en el 2005 subió a unas 6.600.