Juan Carlos Rave Herrera hoy irá a la sesión del Concejo de Risaralda, pero no piensa hablar. En cambio, está pensando en lucir un tapabocas en señal de protesta por las amenazas que ha recibido.
El edil de la bancada conservadora recibió hace un mes un sufragio con una bala adentro y la advertencia de que debía irse el municipio. Lo mismo le sucedió al concejal liberal Javier Antonio Salazar Ospina.
La orden que recibieron es que tenían 24 horas para irse o de lo contrario serían asesinados. En este caso las autoridades reaccionaron y de inmediato les dieron protección.
La presidenta de la Corporación, Martha Gloria Sánchez Ospina, resaltó la gestión realizada ante la Policía de Caldas, que dispuso para cada edil de un escolta.
Esta medida es transitoria, pero esperan que la Unidad Nacional de Protección del Ministerio del Interior se haga cargo del caso para que analice los riesgos y disponga del acompañamiento que requieren para salvaguardar las vidas de los ediles.
Ayer LA PATRIA se comunicó con Rave Herrera, quien explicó que después de la amenaza de muerte consignada en el sufragio, ha recibido unas comunicaciones por correo electrónico, pero ya no en el mismo tono.
Destaca que a su colega de cabildo, según su conocimiento, tampoco ha recibido más amenazas. Sin embargo, no duda que la situación se debió a su actividad como miembro de la corporación.
Resaltó lo que ha hecho el gobierno departamental y la Policía de Caldas para brindarles la protección que requieren. Acerca de la forma en que la Unidad Nacional de Protección ha actuado en su caso señaló que con él se han comunicado dos veces. "Me han dicho que van a venir a visitarme", anota.
Agrega que en ambas llamadas telefónicas le informan que le harán un estudio de seguridad para implementar el esquema de protección, pero sigue esperando.
El secretario de Gobierno de Caldas, Alfredo Roncancio Mejía, informó que su despacho contactó a la Unidad Nacional de Protección para solicitar las medidas de seguridad para los dos ediles risaraldenses.
De igual manera agregó que las autoridades están analizando las llamadas amenazantes que denunció durante la última semana el concejal liberal de Manizales, Víctor Cortés Carrillo.
De manera adicional tratan de confirmar si en Victoria hay casos de ediles amenazados. Esta información surgió a raíz del asesinato de Reinaldo López Ramírez, exconcejal de ese municipio, el pasado jueves.
Por este último hecho hubo dos personas capturadas, pero salieron libres, ya que al momento de la aprehensión los uniformados no les hallaron evidencias que los comprometiera en el crimen, aunque quedaron vinculados a la investigación.
El fin de semana pasado el ministro del Interior, Fernando Carrillo, anunció la creación de “una división especializada dentro de la Unidad Nacional de Protección para que se dedique de manera exclusiva a analizar la situación de seguridad de los cabildantes”.
Así mismo, propuso un espacio permanente de dialogo en materia de protección para los concejales, “para que desde ya, con una delegación podamos periódicamente evaluar lo qué pasa con la situación de ustedes, con las denuncias, en qué van las amenazas y la evaluación de riesgo, es decir, realizar un monitoreo permanente de la situación de seguridad”, afirmó.
Las declaraciones se dieron en un diálogo que sostuvo el jefe de la cartera política con más de 600 concejales del país, durante el Congreso Nacional y Foro Internacional de Derechos Humanos y Paz, por la Seguridad de los Concejales.
En Risaralda, además de los dos concejales, también fue amenazado de la misma manera el veedor ciudadano Juan Carlos Yepes.
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