
LA PATRIA | MANIZALES
El Centro de Recepción de Menores, ubicado en la calle 23 entre carreras 24 y 25 de Manizales, alberga, en primera instancia, a adolescentes vulnerables, mientras las autoridades, en dos o tres días, definen a dónde los llevan.
El cupo es para 25, entre los 12 y 17 años, con problemas de adicción a las drogas, rebeldía en sus hogares y, otros, con experiencias en el mundo de la delincuencia.
Aunque requieren de una rehabilitación especializada para que estén en condiciones de integrarse nuevamente a la sociedad, los vecinos de la manzana aledaña a este lugar están preocupados, pues con las fugas que allí se dan peligra la vida e integridad de los educadores que cuidan de los menores, y la de los habitantes de las residencias lindantes, quienes ya no aguantan los daños en sus viviendas.
Un afectado narró que el más reciente intento de fuga ocurrió el pasado viernes 1 de mayo. “Eran las 11:00 de la noche y sentimos un estruendo. Cuando miramos, dos jóvenes habían caído en el patio de la casa. Estaban heridos, con golpes y laceraciones en sus piernas. No se podían parar”.
Los muchachos cayeron de una altura de seis metros y desfondaron el techo, quebraron las claraboyas, una canal, las tejas, las láminas de zinc y algunas luminarias, reparaciones que, según testigos, superaron los $500 mil. La pregunta es: ¿Quién responde?
Al sitio acudió la Policía de Infancia y Adolescencia, y recapturó a los dos menores. Otro más, que también huía, fue acorralado y bajado de un techo por los uniformados y los mismos residentes.
Los jóvenes quedaron a órdenes de la Fiscalía de Infancia y Adolescencia. A dos de ellos los procesaron por daño en bien ajeno.
Testigos narraron que al momento del hecho, el educador que los cuidaba estaba solo. “Siempre hay un responsable que por cada turno debe velar por 20 muchachos potencialmente peligrosos”.
Aunque al educador que le tocó esa huida no le pasó nada, 20 días antes un colega suyo no corrió con la misma suerte. El pasado 12 de abril, una niña fingió que tenía cólicos y le pidió ayuda para que un médico la viera.
El docente cayó en la trampa y abrió la celda, 10 muchachas más se le tiraron encima, lo encuellaron, lo amarraron con un cable de energía y lo encerraron en un cuarto. Luego, saltaron por los techos y huyeron. Dos continúan evadidas y nueve regresaron voluntariamente. Una fue acusada por secuestro simple.
Sandra Milena Mosquera es la madre de Estefanía López Mosquera, una de las dos niñas fugadas. Contó que han pasado 26 días y hasta ahora no tiene pistas de su paradero, aunque sospecha que esté en manos de su novio, de 19 años. “No me ha llamado, es una zozobra permanente”.
Estefanía, de 15 años, llevaba un mes internada. Había estudiado hasta noveno, pero ya estaba muy rebelde con su madre, sin deseos de culminar su bachillerato y prefirió seguirles los malos pasos al novio y a su pandilla.
Testigos narraron que el educador víctima pasó por una crisis nerviosa y debió ser reemplazado. Añadieron que los menores construyen puntas filosas con lo que encuentran a su paso y con ellas se han enfrentado a sus educadores, en medio de sus ganas de huir.
De los cuatro maestros que tiene el Centro de Recepción para menores, dos son mujeres, que deben estar solas frente al grupo.
Los afectados creen que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) debe pedir apoyo de seguridad a la Policía. Aunque, lo más acertado sería trasladar este lugar a una zona rural, donde lo que pase adentro no afecte a los de afuera.
Luis Eduardo Céspedes, director del ICBF Caldas, afirmó que no importa dónde se ubique una sede para tratar muchachos tan difíciles, pues la ansiedad que les genera la falta de sustancias alucinógenas los lleva a querer huir.
Según el directivo, a la Alcaldía ya se le ha planteado el problema que exponen los vecinos del Centro de Recepción de Menores. Inicialmente, esta va a asignar un presupuesto de $100 millones para adecuar su infraestructura.
Sería cercar los posibles espacios por donde pueden fugarse, adecuar el interior para que los menores hagan actividades recreativas en las que desfoguen su ansiedad y darles más comodidad a los dormitorios.
"Se estudia la posibilidad de adquirir una sede campestre, pero mientras tanto le pedimos a la Policía de Infancia y Adolescencia que intensifique sus rondas por el sector. Poner dos o tres policías constantes allí no es conveniente, porque las fugas no son permanentes y hacerlo es retar a los menores al desorden", manifestó Céspedes.
Añadió que el que haya un policía no garantiza que no se vayan a volar. Lo agentes no pueden utilizar sus armas en caso de fuga, ya que no se trata de una cárcel. "Internamente no se trabaja con Policía, salvo que se presente un amotinamiento que ponga en peligro la seguridad. Lo que planeamos es aumentar los docentes, que mientras uno esté en clase, dos o tres se ubiquen cerca a los posibles puntos de escape”.
Céspedes añadió que la Policía considera que al reforzar la seguridad allí se desprotegen otros puntos críticos de Manizales.
Luis Eduardo Céspedes, director del ICBF Caldas, les indicó a los vecinos del Centro de Recepción de Menores, que han tenido daños en sus viviendas en medio de las fugas, que inicialmente reclamen ante los directivos de esa institución para que determinen de quién es la responsabilidad. O, en otros casos, tramitar una acción judicial.
Según la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y Adolescencia), los padres deben responder por los daños que produce un menor.
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