LA PATRIA | MANIZALES
Aún en indagación y sin personas vinculadas a un proceso penal está, un año después, la investigación por la tragedia en la finca El Saibo, de la vereda El Playón, de Riosucio, donde murieron 15 mineros.
La investigación la asumió inicialmente la Fiscalía de Riosucio, pero desde diciembre pasado se le reasignó a la Fiscalía 21 seccional Caldas para darle más celeridad y tomar una decisión de fondo.
Sin embargo, según el ente acusador, hay avances importantes y se han emitido múltiples órdenes a Policía Judicial. Esperan el análisis de un perito de la Universidad Nacional sede Medellín, que determine por qué el río se desbordó e inundó la mina. La solicitud se le realizó inicialmente a la sede Manizales, pero respondió que no contaba en la ciudad con alguien capacitado en esos campos.
Se analiza además qué hacía el transformador de energía allí, si era ilegal o autorizado por la Chec. La empresa de energía le dijo a la Fiscalía que era de contrabando. Incluso, el funcionario que lo revisó el día de los hechos aseguró que había un fusible diferente a los que utiliza la Chec. Todo eso lo analizará el ente acusador a través de peritos neutrales.
Como se recordará, el día de la tragedia, los testigos manifestaron que la Chec quitó la energía sin avisar, se frenaron las motobombas y la mina se llenó de agua. La entidad respondió en esa ocasión que se generó un cortocircuito por demanda excesiva de energía o fallas tras la inundación.
La Fiscalía llamó a interrogatorio a tres ciudadanos que al parecer tienen relación con la mina. Uno de ellos es Leonardo Mejía Estrada, a quien todos conocen en el sector de la tragedia como Leo. Sin embargo, en dos ocasiones el abogado se ha excusado de asistir con ellos. Por eso se reprogramó una nueva fecha.
La idea es que expliquen su vinculación con la mina, cuántas personas laboraban allí, cómo era la forma de pago, las ganancias, entre otras cosas. La mina, al parecer, es de un señor Félix Vargas.
También llamarán a testigos de la tragedia, para ampliar información que no se ahondó en su momento. La autoridad nacional minera, por otro lado, confirmó que había una solicitud pendiente desde hace un año, por lo que la mina podía operar mientras se daba respuesta.
El ente acusador manifestó que todo va dentro de los términos legales, que esperan los resultados de los peritos y de las declaraciones juramentadas para saber si se formula imputación, contra quién o si se archiva el proceso. Explicó que pidió Policía Judicial de Manizales, pero no se la asignaron.
La Fiscalía ha enviado cerca de 50 certificados de afectados de la mina, solicitados por el Fosyga.
Casi dos semanas antes de la tragedia, el Juzgado Penal del Circuito de Riosucio condenó a siete hombres por minería ilegal. Los sentenciaron a cinco años de detención domiciliaria por los delitos de daños en los recursos naturales en concurso con explotación ilícita de yacimiento minero.
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