LA PATRIA | MANIZALES
En segunda instancia se definirá si se mantiene la medida de detención domiciliaria concedida por un juez de control de garantías contra el abogado de Manizales Samuel Arturo Sánchez Cañón, imputado la semana anterior por concierto para delinquir agravado y soborno en actuación penal.
La investigación está a cargo de un fiscal especializado contra el crimen organizado, de Medellín. El representante del ente acusador apeló la decisión del juez y solicitó que el de segunda instancia examine con cuidado los audios e imágenes proyectadas en la audiencia, en la que solicitó medida de aseguramiento intramural.
Los elementos de prueba a los que hizo referencia son, de un lado, grabaciones en las que se oye al abogado ugerir a un testigo que cambie la versión en la que señala a alias Guacamayo, implicado en el hurto de una millonaria suma de dinero, que estaba en poder del exsenador Ómar Yepes.
El monto real del robo se ha mantenido bajo reserva. Al parecer, se ha reconocido la sustracción de $200 millones, pero el botín pudo ser más elevado.
La oferta que recibió una persona, quien se encuentra en la cárcel y es testigo contra alias Guacamayo, investigado también por su presunta participación en la distribución de estupefacientes en una amplia zona de la ciudad, asciende a $30 millones, según lo enunció la Fiscalía.
Las sumas de dinero que según la investigación se están moviendo en este caso son de personas con una alta capacidad económica. Además, lo averiguado por la policía judicial da cuenta de que no es el único soborno ofrecido en el mismo caso.
El nombre de Sánchez Cañón es reconocido porque ha representado judicialmente a importantes miembros de organizaciones criminales, entre ellos Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez.
Recientemente también hizo parte del equipo de defensores que defendió los intereses del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, condenado por el caso denominado cartel de la hemofilia.
Se presume inocente
La investigación que involucra al abogado Samuel Arturo Sánchez no implica que sea culpable, pues eso solo lo decidirá un juez de la República al final del proceso penal.
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