Al exalcalde de Manizales Juan Manuel Llano le tocó escuchar ayer de primero los motivos que tiene la Fiscalía para señalarlo de incurrir en el delito de peculado, de celebración indebida de contratos y de
realización de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.
Cuando pudo intervenir, el exmandatario negó ante el Juzgado Sexto Penal con Función de Control de Garantías que fuera responsable de los delitos imputados.
El hecho investigado es el supuesto sobrecosto, calculado en unos $ 630 millones, para la adquisición de sillas del estadio Palogrande de cara a la realización del Mundial Juvenil categoría Sub20.
El fiscal 10 seccional prefirió anunciarle a uno a uno, a los 11 procesados, los cargos en contra. El investigador le recordó al exalcalde que en el 2010 la ciudad, y él como administrador, supieron a través de LA PATRIA, de la Corporación Cívica y de la Contraloría Municipal, sobre la irregularidad que se veía venir.
La Fiscalía expuso el análisis de costos y los agravantes en los que se basa para no justificar el valor final de la adquisición ($ 2 mil 432 millones).
La comparación la estableció con la compra de sillas para el estadio Centenario de Armenia (Quindío), suministradas por la misma empresa (Guerfor S.A) y al mismo tiempo.
Según el informe del fiscal 10, cada silla para del estadio Palogrande con espaldar costó unos $76 mil, mientras que para el Centenario el valor fue de $ 58 mil. Algo proporcional sucedió con las sillas con
respaldo: las de Manizales costaron cada una $ 66 mil y las de armenia $ 52 mil.
El ente acusador llamó además la atención acerca de la calidad de las sillas. Citando un informe técnico de un laboratorio de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) concluyó que las dimensiones de las
sillas entregadas en Armenia eran mayores que las de Manizales. Por otro lado, en el análisis el mismo laboratorio certificó que eran más resistentes y durables las sillas instaladas en la capital quindiana.
El fiscal profundizó en su señalamiento y argumentó que aunque el Municipio contrató un estudio de costos, el informe final no llegó a igualar lo que se pagó por unidad, pese a que le cargaron impuestos no justificados para este tipo de contratos.
Además, cuando la administración municipal conoció dicho informe el contrato con Guerfor S.A ya estaba firmado.
Ayer por la tarde continuaron las imputaciones a otros servidores públicos, contratistas e interventores que tuvieron que ver con el contrato. La audiencia sigue hoy.
La Fiscalía podrá solicitar que se imponga medida de aseguramiento con privación de la libertad para los implicados.
Lean el pdf de la investigación que LA PATRIA publicó en el 2010
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