LA PATRIA | MANIZALES

Los familiares de 40 de las 48 víctimas de la tragedia de Cervantes se cansaron de esperar a que la Alcaldía de Manizales presente, ante la Fiscalía 13 seccional, las actas del Comité de Conciliación del Municipio, donde se autoriza el preacuerdo indemnizatorio al que llegaron las partes desde el 6 de noviembre del año pasado, por $21 mil 350 millones: $20 mil millones por los fallecidos y $1.350 millones por las viviendas.

Ayer, esas familias firmaron un documento, dirigido a la Fiscalía 13, donde expresan su malestar por la situación y le piden al ente acusador imputar formalmente cargos por homicidio culposo y lesiones personales culposas contra funcionarios de Aguas de Manizales y el Municipio, como supuestos responsables de esta tragedia que enlutó a la ciudad el 5 de noviembre del 2011.

"..contra las personas encargadas del mantenimiento, operación y manejo del acueducto de Manizales, entre el primero de enero del 2000 y el día de la tragedia. Especialmente a quienes tenían bajo su cargo y responsabilidad el mismo acueducto durante la crisis del agua en la ciudad. También a los funcionarios del Municipio relacionados con el manejo de las aguas lluvias y la prevención de desastres", señala la carta.

Audiencia

La Fiscalía 13, que adelanta indagación por este caso, programó para el 8 de mayo una nueva conciliación, a la que citó a todos los abogados de las partes para hacer un último intento de arreglo. Les había dado un plazo perentorio a Aguas y el Municipio, hasta ayer, para hacer llegar a esa dependencia las actas de conciliación de los preacuerdos y un informe de cómo iba la negociación con las demás familias. Solo lo hizo Aguas de Manizales. Por eso el malestar de las familias que, además, temen que se venzan los plazos para poder iniciar con la demanda penal.

"El alcalde no define nada. La gente está impaciente, no hay avances. Aguas colabora, pero el Municipio no. Las personas están preocupadas con la actitud del mandatario", señaló un abogado.

Sin respuesta

LA PATRIA intentó comunicarse ayer con el alcalde, pero no contestó su teléfono. En días pasado afirmó que tienen que proteger el erario y no firmar algo sin tener los soportes claros, pues se puede ir a la cárcel. "Les pido tiempo y paciencia, esto no se hace de la noche a la mañana y nos estamos ahorrando 20 años de litigio jurídico".