"Falta mucho para contarle a la sociedad"

LA PATRIA | MANIZALES

Los magistrados de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, Uldi Teresa Jiménez López y Eduardo Castellanos Roso estuvieron el miércoles y jueves pasados en Manizales escuchando a las víctimas del Bloque Central Bolívar de las Auc en Caldas en audiencia de incidente de reparación integral.

Familiares de personas a las que asesinaron integrantes del frente Cacique Pipintá les contaron sus historias y sus anhelos de reparación. También asistieron Luis Fernando Marín, alias Franco, y Nelson Enrique Toro, alias Fabio, excomandantes paramilitares en el departamento, quienes tuvieron la oportunidad de pedirles perdón.

Esta fue la quinta semana del recorrido de los jueces que ya visitaron los departamentos de Bolívar, Caquetá, Putumayo, Antioquia, Santander y Caldas. Su labor contra 284 postulados seguirá en Cali y Pasto. La magistrada habló con LA PATRIA.

¿Quiénes son estos postulados?

Ellos ya aceptaron los crímenes. Hablamos de 2.850 hechos con conductas punibles como homicidios, masacres, desplazamiento, violencia de género, desaparición forzada, reclutamiento ilícito de menores. Es una multiplicidad de conductas muy graves, son crímenes de lesa humanidad y estamos en un punto culminante antes de dictar sentencia.

¿Esta cercanía con las víctimas facilita el perdón?

Es un objetivo de las diligencias, hemos tenido oportunidad de verlo en otras similares y esperamos ver estas escenas de perdón, porque a pesar de la grave victimización hay un máximo deseo de encontrar la paz y las víctimas están dispuestas a perdonar.

¿Cómo se logra?

Una idea, además de escuchar a las víctimas sobre sus afectaciones y las formas de reparación, es que exista un contacto directo en el que puedan preguntarles a sus victimarios por qué cometieron ese hecho. Aparte de las justificaciones es una oportunidad para que pidan perdón a los afectados. Se puede considerar como objetivo final la reconciliación entre víctimas, victimarios y la sociedad colombiana.

En un posible acuerdo con otros grupos armados, ¿Sería un ejemplo a seguir para acercar a víctimas y victimarios?

Esa es la idea, que no se pierda esta gran experiencia porque es un proceso sin antecedentes en el país. Los demás acuerdos fueron de perdón y olvido, sin embargo ahora hablamos de justicia, reparación y verdad. Puede ser un perfecto punto de partida en lo que siga de aquí en adelante con otros grupos armados al margen de la ley que se quieran desmovilizar y continuar en la civilidad.

¿Cómo ha sido esa experiencia?

Ha sido gratificante y maravillosa, los resultados también han sido una muestra de esto. No en vano contamos con 37 sentencias, entre ellas unas macrosentencias que contienen la expresión de lo que es el conflicto armado en nuestro país.

¿Qué son las macrosentencias?

Con estas se hace una georreferenciación, un contexto general sobre cómo llega la violencia a la región, patrocinada por quiénes, cómo cooptan a las instituciones del Estado, cómo consiguen armas, se expanden, cómo es su crecimiento, cómo identifican a sus víctimas o cuáles son sus objetivos.

¿Qué tanto falta por descubrir?

En el tema de la verdad judicial en 37 sentencias hemos avanzado entre el 75 y 77 por ciento de lo que sucedió, no obstante hace falta aclarar muchísimo. La criminalidad organizada atribuible a ellos (paramilitares) es grande y falta mucho para contarle a la sociedad sobre lo que ocurrió.

¿Qué penas están pagando los postulados?

Hay dos clases de penas, en la justicia ordinaria es obligación tasarlas dentro de una sentencia y algunos tienen hasta de 40 años. Estas audiencias son la última fase del proceso antes de dictar sentencia. También debemos hablar de la pena alternativa, lo esencial del proceso de Justicia y Paz con un máximo de ocho años, pero se requiere la verificación de requisitos que tienen que cumplir para hacerse acreedores.

Exterminio social

Según la magistrada Uldi Teresa Jiménez, el exterminio social, o mal llamado limpieza social, que ejecutaron las Auc se califica dentro del conflicto armado como homicidio en persona protegida. "La gran mayoría de víctimas no tenía antecedentes penales, y así lo tuvieran, en este país no existe la pena de muerte y no hay justificación para la alta criminalidad que se presentó a través del exterminio social".

Justicia y Paz

La Ley de Justicia y Paz se aprobó en el 2005, en ell 2006 se posesionaron los jueces y en el 2009 empezaron a llegar los primeros trabajos que remitió la Fiscalía.

Los cabecillas del Bloque

*A Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, y a Guillermo Pérez Alzate, alias Pablo Sevillano, los extraditaron a Estados Unidos.

*Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, es hermano de Guillermo. Quedó en libertad en mayo pasado.

*Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, natural de Aguadas, permanece recluído en la cárcel de Itagüí. Aún no ha recibido condena.

Víctimas

En las 37 sentencias, los exparamilitares han reconocido a 35 mil víctimas, sobre quienes se ordenó reparación individual y colectiva.