LA PATRIA | MANIZALES

"Ese era mi deber: luchar por el derecho a la alimentación de los alumnos, pero con estas cosas opacan a los líderes".

Así se expresó una menor de edad, expersonera de un colegio de Caldas, que hoy debe acudir ante un juzgado a una audiencia de formulación de imputación, solicitada por una fiscalía de infancia y adolescencia, por el supuesto delito de obstrucción de vías públicas que afectan el orden público.

En ella, el ente acusador le notificará que la investiga. La joven, estudiante de segundo semestre en una universidad privada de Manizales, se mostró estresada. Incluso, aseguró que perdió un parcial por ese motivo.

La misma situación vive otra menor de edad citada a la audiencia, quien aún estudia en el colegio. Los hechos se remontan a septiembre de 2014, cuando en la institución de las jóvenes se suspendió el servicio de restaurante escolar.

La personera indicó que en ese entonces su colegio era el único del municipio sin ese beneficio.

"Todo el año estuvimos así. Una vez fui a la escuela en la tarde y me encontré una niña de segundo grado que lloraba. Me contó que tenía mucha hambre, que no había desayunado. Desde ahí empezamos a gestionar soluciones. Fuimos al Concejo, a la Personería. Se planeó un paro, pero varios directivos me pidieron no hacerlo, con el compromiso de encontrar soluciones".

El paro

Añadió que al otro día llegó al colegio, pero los estudiantes ya estaban formados, con lazos y programaron una marcha pacífica por el pueblo. Salieron del colegio hasta la vía principal y se concentraron en un punto.

"Nuestro objetivo no fue obstruir la vía y jamás les dije a los alumnos que lo hicieran. Si acaso hubo obstrucción, no estaba en nuestros planes. Mandé a los muchachos para clase, pues en la tarde tenían jornada normal. Después de eso hicieron una reunión con varias entidades y acudí con la otra compañera implicada, que era representante de otro grado. Nos dijeron que nos iban a judicializar por lo que pasó, que las cosas no se solucionaban así", recordó la joven.

Un mes después se licitó el servicio de restaurante en el colegio por valor de $51 millones.

A principio de este año llamaron a su mamá a rendir cuentas y la semana pasada citaron a la joven a la Fiscalía.

"Estoy muy asustada. Un abogado me dijo que hoy me deben asignar un defensor público para ver qué pasa y qué alcances tiene eso. Solo velé por los derechos de los alumnos que me eligieron".

Legítima

Un abogado explicó que la protesta en Colombia es legítima, pero debe ir amparada en permisos previos, pues no puedo cerrar vías ni obstaculizar los servicios que presta el Estado.

"Se debe analizar si pidieron permisos, qué tipos de obstrucción hicieron y daños causaron, si así ocurrió. Muchas veces los jóvenes se quedan solos en esas protestas, sin una asesoría de qué está bien o mal hecho. Pero tienen todo el derecho a reclamar por sus cosas", expresó.

Sin embargo, criticó que no ocurra lo mismo cuando diferentes gremios obstruyen las vías en otras protestas. "Entonces que judicialicen a los que salen a protestar para dar apoyo a gobernantes o a exigir cosas. Este es un Estado Social de Derecho. No parece que se midiera con el mismo racero".

En el caso de la estudiante universitaria, manifestó que la situación sería más compleja en caso de terminar sancionada penalmente, pues la institución podría hasta expulsarla por exigencias del reglamento interno o de la acreditación. "Quedarían con antecedentes judiciales y les costaría conseguir empleo, pues serían señaladas. Así a nadie le quedarán ganas de ser un líder".

La norma

El Artículo 353A del Código Penal, obstrucción a vías públicas que afecten el orden público, da una condena de dos a cuatro de prisión.