Estado pagará $300 millones por obrero ejecutado

LA PATRIA | MANIZALES

Se asegura que Luis Enrique Sáenz aún estaba vivo, a pesar de los disparos que recibió del Ejército en la noche del 26 de enero del 2008, en un paraje rural de Neira. Las autoridades dicen que pudo salvarse. Es posible que el CTI se hubiera enterado de que el joven seguía con vida, pero los militares no dejaron entrar a los investigadores a la zona donde se suponía que Sáenz ya estaba muerto. Al final, el obrero murió de una hemorragia interna. 

Sáenz Rivera, trabajador en construcción, tenía 33 años, vivía con su hija, su madre y sus dos hermanas. El 26 de enero del 2008, el hombre salió en la mañana de su casa, su familia no supo de él hasta dos días después cuando se enteraron de que estaba en la morgue del cementerio de Neira.

Al ciudadano lo presentó el Ejército como una baja en combate contra la guerrilla, pues supuestamente era un extorsionista que pretendía cobrar un dinero en el sector.

El pasado jueves, seis años después, se conoció el fallo del Tribunal Administrativo de Caldas en segunda instancia de una demanda contra el Estado por ejecución extrajudicial -mal llamado falso positivo- en la que murió Sáenz Rivera. Reconocieron la participación en la muerte a manos del Ejército y por eso indemnizarán a la familia con unos $300 millones. 

"Él no era nada de eso. Era el único hombre de la casa, mi mamá lo adoraba, era la vida de ella", comenta su hermana María Eugenia Sáenz, quien no entiende por qué lo asesinaron.

Por este caso hay seis militares implicados, un capitán y cinco soldados profesionales, que aún no han aceptado los cargos, y que empezarán el proceso penal.  

La ausencia de Sáenz Rivera descompuso a la familia. "Ha sido muy duro, mi mamá y la hija se deprimieron, pero muchas veces voy a su tumba y le digo que rece para que los culpables que le quitaron la vida paguen por lo que hicieron", comenta ella con la voz temblorosa, y lo que queda es lo que esperan: justicia.

Sin fuerza para disparar

Un revólver calibre 38 y una pistola calibre 9 estaban a 80 y 90 centímetros de sus manos. Las autoridades informaron que con esas dos armas Sáenz Rivera disparó contra el Ejército esa noche.

"No pudo hacerlo. A él le cayó encima un bloque de cemento cuando trabajaba en una obra y la mano derecha no le quedó sirviendo para nada, es más, una vez me tocó afeitarlo", explicó su hermana secándose las lágrimas.

Después un informe quirúrgico confirmó que, el 6 de octubre del 2007, sufrió fractura en dedos de la mano y quedó con limitaciones para extenderlos. También le ordenaron valoraciones para determinar la verdadera funcionalidad de la extremidad derecha. Es decir, no pudo disparar ninguna de las dos armas.

Durante las investigaciones se constató que las dos armas no eran aptas para disparar, pues estaban en mal estado. Además, no hay evidencia técnica que confirme que los uniformados fueron agredidos y que los 143 cartuchos disparados fueron para defenderse.

El cuerpo de Sáenz Rivera quedó a tres kilómetros de la cabecera municipal y a escasos metros de la carretera principal. Sin embargo, el levantamiento del cadáver se realizó 12 horas después, a pesar de que el artículo 213 del Código de Procedimiento Penal advierte que una vez conocido el hecho, la Policía Judicial debe trasladarse de inmediato al sitio.

El abogado del caso, José Fernando Mancera, afirmó habitantes del sector testificaron que escucharon gemir a Sáenz Rivera durante horas, pues los disparos los recibió en las piernas, pero  murió por falta de atención.

Ejército se defiende

Los comandantes de la compañía y del Batallón Ayacucho se defendieron. En el expediente adujeron que los uniformados estaban en el sector ante la presencia de bandas criminales y que sus actuaciones fueron para defender la soberanía del Estado. Agregaron que si las pruebas halladas no arrojan resultados contundentes, es atribuible a la Policía Judicial, porque si existe alguna omisión fue de esta, no suya.

Argumentan demás de que el juez no pronunció los antecedentes delictivos de Sáenz Rivera en porte ilegal de armas, homicidio y tentativa, delitos por los cuales lo hallaron culpable y pagó condena.

"Refiere que no existen pruebas que den cuenta del actuar irregular de los miembros del Ejército Nacional, y que por el contrario, está probado el combate armado y la agresión a los integrantes de la Fuerza Pública por parte del fallecido".

Así sucedió

Las primeras informaciones que las autoridades dieron a conocer por la muerte de Luis Enrique Sáenz Rivera dijeron que en medio de la oscuridad las tropas del Ejército dieron de baja el 27 de enero del 2008 a Luis Enrique Sáenz Rivera, a tres kilómetros de la cabecera municipal, cerca de La Vuelta de la Marrana, en la vereda Bajo Ceilán, de Neira. El supuesto móvil, que la víctima al parecer iba a cobrar una extorsión.

Según las autoridades, esta persona tenía anotaciones judiciales y antecedentes penales. La versión indicó que por esos días las autoridades registraron extorsiones a unos finqueros del municipio.

Aseguraron que por esta razón organizaron un operativo para neutralizar a los responsables, ubicando las tropas en La Soñadora, lugar donde se suponía tenían que aparecer los supuestos delincuentes a cobrar el dinero. Allí fue el tiroteo.

De acuerdo con habitantes de la zona, los primeros disparos comenzaron a las 8:00 p.m. y las detonaciones se escucharon por algunos minutos. La calma regresó a la vereda antes de las 9:00 p.m.
En poder de Sáenz Rivera hallaron una pistola y un revólver. Al parecer, una persona que lo acompañaba alcanzó a huir. Sin embargo, esta versión nunca se comprobó, ni tampoco la de la existencia de una víctima de la extorsión.