Todo estaba listo para que se diera el aval a un preacuerdo con uno de los nueve profesionales procesados por rebelión, detenidos en noviembre pasado, señalados por la Fiscalía de pertenecer a las Farc. Sin embargo, ayer el imputado solicitó más tiempo para revisar una documentación.
Es la segunda ocasión en que el detenido, el único que permanece en prisión intramural, intenta llegar a un acuerdo con la Fiscalía. En este caso están involucrados integrantes de la Marcha Patriótica, del PC3 e inclusive un reconocido docente universitario.
Según explicó el abogado Wálter Moncada, defensor público asignado al procesado, el primer preacuerdo expiró por vencimiento de términos sin que se llegara a concretar ante un juez. El detenido perdió así el beneficio de rebaja de la mitad de la pena contemplada en la ley (8 años).
En el reciente preacuerdo todavía están corriendo los términos para que sea avalado. El caso está en manos del Juzgado Sexto Penal del Circuito, que ayer decretó el receso hasta el próximo 20 de junio. En estas nuevas condiciones solo puede aspirar a una rebaja de la tercera parte, con lo cual se le fijaría una condena de cinco años y cuatro meses.
Las pruebas que vinculan al hoy detenido en la cárcel de varones de Manizales, según la imputación presentada el año pasado, tienen que ver con el hallazgo de sus documentos en un bolso tipo canguro. Este elemento quedó como evidencia tras una operación del Ejército contra un campamento de las Farc en esta región en el 2007.
Posteriormente un subversivo capturado relató que durante la entrada de las tropas oficiales, el imputado debido a su baja estatura y falta de físico dejó abandonado un fusil AK-47, una pistola y el canguro que halló el Ejército.
Las revelaciones que en su momento hizo la Fiscalía vinculan al profesional con labores de adoctrinamiento a guerrilleros del extinto frente 47 de las Farc. De los nueve capturados, inicialmente cobijados con medida de aseguramiento intramural, dos siguen procesados sin privación de la libertad y otros seis están en detención domiciliaria. El que aún queda en la cárcel ha solicitado dos veces la domiciliaria, sin lograrlo.
En los próximos días se realizará una audiencia para verificar el cumplimiento de la detención domiciliaria de un procesado por rebelión.
5 abogados, dos de confianza y tres de oficio, ha tenido el detenido. El actual podría también solicitar su no continuidad en el caso.
Es un delito político en el que incurren quienes contradicen por la vía armada la autoridad legítima del Estado. En Colombia se castiga con penas que van entre 8 y 14 años de prisión.
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