Enfermedad de fiscal llevó a suspender juicio de Guido Echeverri

LA PATRIA | MANIZALES

"No soy de hacer ese tipo de solicitudes, pero me siento con malestar, sensación de mareo y naúsea", expresó ayer el Jorge Hernán Díaz Soto, fiscal Primero ante la Corte Suprema de Justicia, en el juicio que se lleva contra el exgobernador de Caldas y senador posesionado, Guido Echeverri Piedrahíta. La audiencia fue suspendida.

Ayer se decidió que, pese a que ahora es congresista, el proceso sigue en este despacho.

La sesión empezó el pasado 23 de febrero. En esa oportunidad, el ente acusador comenzó a introducir los documentos decretados como pruebas en el momento procesal correspondiente. El delito que se indilga, prevaricato por acción, da de 48 a 144 meses de prisión.

Según el escrito de acusación, como resultado de un proceso disciplinario, Control Interno Disciplinario de la Gobernación profirió la Resolución 2469 del 5 de mayo de 2010, mediante el que sancionó con 15 años de destitución e inhabilidad a la docente Luz Marina Beltrán García, decisión que confirmó en agosto de ese año la Oficina Jurídica.

Esa dependencia, tiempo después, dictó la Resolución 4935 del 10 de octubre de 2011, en la que revocó las anteriores decisiones. El 9 de diciembre de ese año la Secretaría de Educación Departamental ordenó el reintegro de Beltrán García a la IE Santa Luisa de Marillac, de Villamaría.

Guido se posesionó el 30 de diciembre de 2011 y el 20 de febrero siguiente, con el Decreto 17, revocó las resoluciones que permitían el retorno a labores de la profesora.

“No agotó ningún procedimiento frente a la afectada. No podía eludir esas decisiones, conforme a los artículos 73 y y 74 del Decreto 1 de 1984. Echeverri Piedrahíta determinó que la decisión no fuera notificada, sino publicada, hecho con el que cercenó el derecho de contradicción de la afectada”, anotó el ente acusador. Añadió que con su proceder lesionó sin justa causa el bien jurídico de la Administración Pública.

El fiscal indicó que no se garantizaron los derechos, ni la dignidad humana de la docente-víctima, de 54 años. "La peor forma de injusticia es la justicia simulada", expresó en su intervención. "En contravía del ordenamiento jurídico, con personas de su gabinete, el acusado produjo actos contrarios a la norma", expresó.

El abogado del exgobernador, Rafael Mejía, dijo que la profesora se negó a laborar en la IE a la que fue trasladada, lo que generó los procesos disciplinarios que soportó y no accionó contra los actos sancionatorios. "Nunca permitió que se le notificaran los actos administrativos que podían afectarla. Demostró poco acatamiento, como se demostrará en su historia laboral".