LA PATRIA | MANIZALES

Exceso de velocidad. Esa es la principal hipótesis, según el croquis, del accidente que hace un mes cobró la vida de dos obreros en la carretera Panamericana, entre la entrada a La Enea y el puente peatonal de ingreso a Lusitania (ver infográfico).

Ese día, un menor, de 16 años, que conducía un Renault Clio modelo 2015, de placas UCK 960, atropelló a cuatro obreros, que laboraban en la doble calzada de ese sector.

En el vehículo iban cuatro ocupantes. Uno, de 15 años, resultó con laceraciones y lesiones en el rostro. Los obreros fallecidos fueron José Rubiel Rincón Rincón, de 32 años, natural de Villamaría; y José Duván Arias Cardona, tolimense, de 53 años. Los heridos, Leonardo Cárdenas Castro, manizaleño de 37, y Diego Zambrano, nariñense, de 50.

Chirriando

Cárdenas Castro, uno de los sobrevivientes, le da gracias a Dios porque no le pasó nada. Solo tuvo un golpe en un tobillo. "Ese chino venía muy taponiado, cuando apareció en la curva, estaba descontrolado. Don Diego era el inspector de la interventoría. Es de Nariño, lo operaron del hombro esta semana y viajó. Está mejor. Yo quedé al pelo", aseguró.

Recordó que miraban unas fallas en una base para poder echarle asfalto.

"Hacíamos un recorrido con la interventoría y los ingenieros. Ahí fue cuando apareció ese carro en la curva, chirriando las llantas, y en segundos se nos fue encima. Me tiré, empujé a don Diego, el vehículo pegó en el sardinel y nos pasó por encima. A Chepe y a Duván les dio el golpe en seco. Otros seis alcanzaron a correr y esquivarlo".

Lo que seguiría

El adolescente estaría inmerso en un proceso por los delitos de homicidio culposo y lesiones personales culposas. Y como supera los 16 años podría hacerse merecedor una medida de protección graduable, de conformidad con el Artículo 189 del Código de Infancia y Adolescencia.

En cuestión de perjuicios, los padres y/o dueño del vehículo responderán por esa obligación civil, pues en ejercicio de la patria potestad deben pagar los daños que causen los hijos menores.

La sanción para los menores es con internamiento en Los Zagales o amonestación y prestación de servicios sociales o comunitarios, con libertad vigilada. Esta última es la más común cuando hay accidentes.