LA PATRIA | MANIZALES
Todo empezó con una jornada en un chalet en junio de 2016. Una mujer tomó una habitación, pagó una parte al ingreso, pero a la salida se fue sin cancelar el resto. Los administradores del lugar, un hombre y una mujer, la buscaron para cobrar el saldo, pero ella los denunció por extorsión.
La cliente acudió al Gaula donde indicó que dos personas, supuestamente desconocidas, ingresaron a su hogar y hurtaron un celular y otro dispositivo electrónico.
Agregó que al día siguiente la llamaron para supuestamente decirle que tenía que dar una plata o de lo contrario le arruinarían su vida personal, aparentemente con información que contenían los equipos.
En un operativo de entrega controlada de dinero los investigadores capturaron a la pareja, le imputaron cargos ante un juez y la enviaron a prisión. Pasaron dos meses en detención intramural y siete más en domiciliaria.
La verdad
En el juicio oral se conoció la falsedad. La denunciante o supuesta víctima no tuvo cómo probar que recibió la llamada extorsiva. En cambio, los denunciados entregaron voluntariamente el celular y adujeron que la misma mujer les dio el equipo como garantía de pago, el cual pusieron a disposición de la Policía en el trámite del proceso.
En el celular, en cambio, se descubrieron los mensajes en los que la mujer separó la habitación del chalet para estar con otra persona. Aunque señaló en el juicio que no conocía a los denunciados, quedó claro que los había visto al menos en dos ocasiones.
Al final, un juez penal con función de conocimiento absolvió a la pareja y compulsó copias a la Fiscalía para que investigue la conducta de la mujer. Así la denunciante se convirtió en denunciada y, los absueltos, en víctimas.
Como resultado de la investigación derivada de la compulsa de copias el ente acusador le imputó ayer cargos por falsa denuncia contra persona determinada, que comprende una pena de cuatro a ocho años de prisión. Ella los negó. El 7 de junio se llevará a cabo la preparatoria para el juicio oral.
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