
LA PATRIA | MANIZALES
"Usted es consciente de que la agredió en tres ocasiones. Recuerde lo que hablamos ahora", le dijo ayer una señora a su hijo Daniel Quintero Aguirre, de 20 años, que solo atinó a agachar su cabeza. Minutos después, cuando el Juez de control de garantías le preguntó si aceptaba los cargos, dijo que sí.
A Quintero Aguirre lo condenarán por feminicidio tentado, en lo que es la primera imputación de este tipo en Manizales, desde que rige la Ley Rosa Elvira Cely, hace un año (ver recuadro). Daniel atacó en tres ocasiones a su expareja sentimental, desde agosto del año pasado, porque no quiso regresar con él.
Cuando Aníbal Arbeláez, fiscal 21 seccional, relataba lo que este joven con limitaciones auditivas le hizo a su excompañera, de 22 años, solo se cogió la cabeza con las dos manos, luego las restregó en su pantalón, respiró profundo y gritó. Su madre, sentada al lado de él para explicarle lo que no entendiera de lo que se dijese en la audiencia, le pedía calma.
Desde antes de empezar la audiencia tenían claro que Daniel aceptaría cargos y que era inminente que lo mandaran para la cárcel. Y así sucedió al final.
Al hombre lo detuvieron el martes en Villamaría, donde laboraba en una bodega. La agresión más reciente ocurrió el 27 de marzo pasado en la carrera 19 del barrio El Carmen. Daniel, que vivía en Bosques del Norte, insistía en volver con la mujer, pese a que ella se negaba. Solo los unía su bebé, de 13 meses de nacido. La relación de dos años y medio había terminado.
Él la esperó a la salida del barrio El Nevado, donde dejó al niño con sus abuelos, y la persiguió hasta el centro de salud de El Carmen. Le pidió que volvieran y, como ella se negó, sacó una navaja y la hirió en el cuello.
La joven cayó y en el piso la siguió agrediendo. Recibió otras puñaladas en espalda, abdomen y la cabeza. La incapacidad fue de 50 días, se puso en riesgo su vida. La lesión en el cuello le generó un problema grave de salud. La afectada pidió protección y desde ahí se conoció que no era la primera vez que atentó contra ella.
El 2 de agosto del año pasado, en la casa de ambos, le arrebató el bebé, amenazó con tirarlo al piso y le dijo: "la voy a hacer sufrir a usted, su familia y la mía. Que nos quedemos sin hijo". Ella alcanzó a arrebátarselo y lanzarlo sobre la cama, pero él la atacó y la golpeó en un ojo. Además, le aseguró que la mataría en caso de verla con otro hombre.
El 24 de febrero pasado se dio el otro ataque. Ese día le dijo que se fuera de la casa, la encerró en un cuarto, junto al bebé, y sacó un cuchillo. Solo la salvó la intermediación de su suegra, que evitó la tragedia y lo echó de la vivienda.
Daniel agachaba una y otra vez su cabeza, ante la tranquilidad de su madre. Atrás, entre el público, la excompañera solo se limitaba a escuchar.
"La mujer tiene derecho a disolver una relación sin que eso represente su muerte", expresó el fiscal.
La pena que podría pagar este hombre la establecerá un juez de conocimiento en dos meses y con la rebaja del 25% que le ofrece la Ley Cely partiría de una condena mínima de siete años y 23 días.
Al final de la audiencia, el fiscal expresó que un hermano de Daniel le envió el martes un mensaje a la muchacha donde le decía: no se olvide que somos dos. Esto no ha terminado, apenas comienza.
El juez, al decidir enviar al acusado para la cárcel, recordó que nadie es de nadie. "Estamos para protegerla de Daniel y de cualquier persona que la intente agredir. No queremos que le pase a usted ni a ninguna mujer lo mismo que a Rosa Elvira Cely".
La Ley 1761 del 6 de julio del 2015 creó el feminicidio como un delito autónomo. Fue bautizada Rosa Elvira Cely, en recuerdo de una mujer brutalmente asesinada por un conocido en el Parque Nacional de Bogotá.
Considera feminicidio el asesinato o intento de asesinato de una mujer, cometido por quien haya tenido una relación íntima con la víctima, ejerza sobre el cuerpo y la vida de ella actos de instrumentalización de género o sexual, o cometa el delito aprovechando relaciones de poder ejercidas sobre ella para generar terror o humillación.
Transcurridos 12 meses, el Gobierno indicó que en el país se han dictado cuatro condenas, 29 escritos de acusación, 44 imputaciones de cargos y 52 indagaciones.
Fue un trabajo entre Fiscalía y la Policía Judicial Sijín, Unidad de Vida.
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