Foto | Cortesía Policía | LA PATRIA
La Sijín hizo efectiva la captura del alcalde de Filadelfia Román Aristizábal y realizó la reseña en los momentos previos a la audiencia.
La defensa de Román Aristizábal Vasco, alcalde de Filadelfia, apeló la medida de aseguramiento en centro carcelario que le impuso una juez de garantías. Al mandatario lo capturaron el pasado sábado y horas después realizaron la audiencia de imputación de cargos en Manizales, por su presunta participación en el delito de concierto para delinquir agravado.
Aristizábal negó los cargos. Posteriormente la Fiscalía solicitó que fuera recluido en un centro carcelario. Aunque la defensa pidió a la juez del caso que se abstuviera de aplicar la medida, la administradora de justicia se inclinó por el argumento del ente acusador.
A Román Aristizabal lo señalan varios miembros del frente paramilitar Cacique Pipintá de haber colaborado con ese grupo ilegal. La Fiscalía reseñó varias asistencias a reuniones con jefes de la organización, así como un suministro de 40 pares de botas.
De igual manera, el investigador denunció que en una campaña para la Alcaldía, alias Alberto Guerrero, comandante del Cacique Pipintá, le hizo llegar $ 10 millones a través del excongresista, Enrique Emilio Ángel, quien purgó pena por concierto para delinquir. Vale recordar que Aristizábal Vasco ha llegado en cinco ocasiones al primer cargo del municipio.
La información recolectada por la Fiscalía procede de varias fuentes, principalmente desmovilizados, pero también personas del pueblo. De estos últimos la defensa de Aristizábal argumentó que son contradictores políticos.
Los declarantes coinciden en que el contacto del alcalde con el grupo armado ilegal se habría dado desde el 2003 hasta el 2007, aproximadamente. Agregan que el mandatario se reunía y lo veían frecuentemente con
Euridice Cortés Velasco, alias Diana, comisaria política del frente paramilitar, quien a la vez representaba a una organización tabacalera que recibió recursos de la administración municipal.
La audiencia transcurrió de manera normal. Varios hijos del alcalde estaban expectantes en la sala. Sin embargo, la tensión mayor se produjo cuando el Fiscal sustentó que Aristizábal debía quedar dentro de una cárcel a la espera de un juicio.
La delegada del Ministerio Público intervino luego de esta solicitud. Por un instante dejó la sensación de que no acogería el argumento de la Fiscalía, pero al final dedujo que era correcto que el mandatario fuera recluido en prisión intramural.
Le correspondió entonces a la defensa rebatir el argumento de la Fiscalía. Señaló que el mandatario podría permanecer en su cargo, al menos hasta la presentación del escrito de acusación, pero su petición fue negada y de inmediato apelada por el abogado de Aristizábal. Ahora le corresponderá a un juez de segunda instancia decidir si mantiene o revoca la medida de detención intramural.
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