LA PATRIA | MANIZALES
Ya son cuatro años de disputas entre el resguardo indígena Cañamomo - Lomaprieta y la comunidad afro de Guamal, en Supía, por supuestos problemas de tierras. Cuatro personas permanecían retenidas desde el pasado martes por la guardia indígena, en un centro de reclusión.
Se trata de los tres hermanos Uchima Moreno y la esposa de uno de ellos, quienes se niegan a ceder una parte de su territorio. En la última semana, dice otro integrante de la familia, les han instalado dos veces unas cercas, pero ellos las retiran e insisten en que lo seguirán haciendo.
No quieren ser del resguardo
Según los denunciantes, el resguardo se quiere apoderar de su propiedad. Dicen que en el predio habita una familiar, a quien le permitieron vivir allí y nunca la obligaron a abandonar.
"Quieren quitarnos esto por una hermana de mi papá, que se unió al resguardo, siempre ha vivido ahí y los vecinos le dijeron que eso era de ella. Salieron con el cuento de que la queríamos sacar", sentenció el hermano de los detenidos.
Añadió que los atropellan seguidamente y que hace un año golpearon a dos integrantes de la familia. "Los agresores están libres, todo ha sido frustrante, las autoridades no hacen nada", lamenta el denunciante.
Asevera que su familia paga impuestos, tiene escrituras y no pertenece a la organización indígena. Reconoce como única autoridad a los entes estatales, a los que acusa de dejarlos solos en este pleito.
¿Habrá solución?
El secretario de Gobierno de Caldas, Carlos Alberto Piedrahíta, explicó que tiene conocimiento desde que ocurrió el incidente y solicitó, durante un comité de Justicia Transicional, que Procuraduría y Ministerio del Interior busquen soluciones inmediatas para que no vuelva a ocurrir este problema.
Arnobia Moreno, gobernadora de Cañamomo - Lomaprieta, respondió que no se trata de ningún secuestro y que se aplicaron las sanciones que la Constitución les permite. Explicó que es un conflicto entre familiares por un predio y que estaban causando dificultades, por lo que los sancionaron.
Señaló que es una vivienda que una mujer le dejó a su hija. Sin embargo, su hermano quiere desconocer esa decisión y por esa razón la guardia indígena tomó la decisión de retenerlos.
A dos mujeres las dejaron libres ayer, mientras que a dos hombres se les terminará la sanción el próximo lunes y podrán retornar a sus hogares. La gobernadora sostiene que ellos son indígenas de Sipirra, que residen en Guamal y están censados, pero por intereses propios quieren desconocer la autoridad.
LA PATRIA llamó a Omairo Ayala, alcalde de Supía, para saber qué apoyo se está brindando a los afectados. Sin embargo, no contestó el teléfono.
Antecedente
En septiembre del año pasado, Francisco Ramírez, miembro de la Junta Directiva del Consejo Afrodescendiente de Guamal, denunció agresiones físicas y la retención arbitraria, según él, por negarse a abandonar un territorio de su propiedad.
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