HELMER GONZÁLEZ
LA PATRIA | MANIZALES
“La cuarta vuelta que se hizo fue el 17 de agosto de 2008, donde se dieron de baja cuatro personas”. Este es un aparte de una declaración rendida por Ramón Elías Bermúdez González, validado en su momento por los militares de la Octava Brigada como un enlace clave para la ejecución de asesinatos a civiles, que luego eran presentados como bajas en combate.
Conocido con los alias de el Paisa o el Flaco, le pagaban entre $800 mil y un millón de pesos, del fondo especial de recompensas del Ejército, por facilitar el asesinato de civiles. Los ejecutaba el Batallón de Contraguerrillas 93, que operaba en Caldas para esa época.
El relato fue una declaración jurada de Bermúdez, antes de ser asesinado en Pereira en el 2016, incluida en una demanda de reparación directa por la muerte de cuatro risaraldenses, en la vereda San José, de Manzanares.
Documentos como este engrosan el Macrocaso 003, abierto el 17 de julio del 2018, denominado Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate, que adelanta la Jurisdicción Especial la Paz (JEP), a través de la Sala de Reconocimiento de Verdad.
Hace una semana este caso tuvo un nuevo impulso al ser priorizados los informes y las versiones de militares por hechos ocurridos en Antioquia, la Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta.
Los de Caldas
La novedad y resonancia del hecho fueron las 6.402 muertes atribuidas a esa práctica del Ejército entre los años 2002 y 2008, tres veces más de lo que se había dicho de forma preliminar. Para Caldas, apenas ahora se tiene una cifra concreta. 114 hechos ocurridos en el departamento. En su mayoría se trata de víctimas traídas de otros departamentos.
Bermúdez González era el eslabón conocido como reclutador, quien pagó luego con su vida la persecución que le hicieron sus antiguos “empleadores”.
Según su declaración, Carlos Arturo Jaimes Loaiza (Bocasebo), José Hermes Marín Medina, Víctor Manuel Granados López (Marrano y Danilo Alberto Ríos Cifuentes (Minuto) solo confiaban en él, por eso tuvo un retraso esa ejecución, prevista inicialmente para el viernes 15 de agosto.
“Los manes no le salieron al Ejército. Dijeron que si viene la firma el Paisa nos vamos a camellar, pero con ustedes nanay”. Ante este inconveniente lo llamó un sargento de apellido Abella, quien lo apuró porque ya habían dado informes de inteligencia falsos acerca de que “en la vía Manzanares-Marquetalia están saliendo a atracar los carros y a la gente”.
En ese momento el Paisa se encontraba en Melgar, por lo que pidió plata para viajar el mismo día y llegó al siguiente a las 3:00 de la mañana, a Pereira. “A las ocho de la mañana me entrevisté con el cabo Gil que era el que habían mandado para hacer el enlace acá”. Al día siguiente emprendieron el viaje.
Contó que el engaño consistía en escoltar un laboratorio o cristalizadero que supuestamente tenía Bermúdez. En su entorno criminal este era conocido porque se desmovilizó del frente 47 de las Farc, en el 2006, pero las víctimas desconocían que colaboraba con el Ejército para cometer asesinatos. En su caso, a cambio de dinero. Para los militares, vacaciones, licencias, condecoraciones y ascensos.
Le creyeron
“A mi sí me copiaron, pero ellos no tenían ni palustres ni nada (a su vez los instruían para que se hicieran pasar como trabajadores), entonces tomamos contacto con los encargados de la vuelta y dijeron que los echáramos así que allá conseguían el kit (las armas) y así cuadramos con los personajes, nos fuimos en bus de Pereira a Manizales”.
Siguieron hacia Manzanares, en donde se encontró con el sargento Abella, que vestía de civil, y abordaron un vehículo del mismo Ejército, pero con apariencia de particular.
“Él me dijo que ya todo mundo sabía, que le habían mandado un mensaje a Quenoran (encargado de montar un retén) que yo iba con él, que mucho ojo que el Paisa va conmigo”.
En la vereda San José el militar le dijo: “a la mano de Dios mijo, llegamos”. Hizo cambio de luces varias veces, una señal para que la contraguerrilla que los esperaba hiciera el resto de la actuación.
“Nos dieron la señal de parar. Procedieron a la requisa, qué de dónde veníamos y para dónde íbamos. Los muchachos dijeron que iban para la finca a trabajar. Ni yo ni el sargento nos bajamos del carro, nos dijeron que corriéramos el carro un poquito y lo adelantamos.
“Empezaron a disparar, y esa gente cayó herida en el suelo y gritaban auxilio ayúdenos, pero no hubo quien los ayudara sino que antes los remataron; y empezaron así como en los casos anteriores a colocarles las armas y las granadas a los muertos en las manos como aparecen en la fotografía y en los informes. Por esta vuelta me pagaron ochocientos mil pesos y me los dio el sargento Abella”.
Estos homicidios se legalizaron en la Operación Málaga, misión Táctica Argot. Documentos que tienen las firmas de los mandos militares involucrados. El de mayor rango era el entonces coronel y comandante de la Octava Brigada, Emiro José Barrios.
Otro hecho
Bermúdez González o el Paisa, se prestó para 14 asesinatos en cuatro hechos distintos. Otro caso ocurrió el 27 de marzo del 2008, en la vereda Agua Bonita (Manzanares), unidades del mismo Batallón asesinaron a Julián Alberto Jiménez Pérez, Juan Esteban López Ramírez, César Augusto Cardona Miranda y otra persona de quien jamás se estableció su identidad. Los legalizaron como Operación Magnífica. Misión Táctica Mahoma. De nuevo incluía las firmas de la línea de mando de la Octava Brigada.
Los que siguen
La segunda fase en orden de priorización se enfocará en Arauca, Boyacá, Caquetá, Guainía, Guaviare, Sucre y Putumayo.
Procesos judiciales
Unos 50 militares que laboraron en Caldas y fueron investigados inicialmente por la Fiscalía en casos de asesinatos a civiles solicitaron el traslado de sus procesos a la JEP. El hecho emblemático en Caldas por el que se impusieron condenas, a ocho militares, es el de la vereda La Java, ocurrido en febrero del 2008. En ese caso hubo dos muertos y un sobreviviente.
Unidades involucradas
Los unidades militares que operaron u operan en Caldas, que tuvieron participación en el fenómeno de asesinatos a civiles, entre 2002 y 2008, son los batallones 93, 57 y el Ayacucho.
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