LA PATRIA | MANIZALES
Una denuncia que versaba sobre supuestas irregularidades en la cesión de un contrato con Gensa, interpuesta por un particular, terminó resuelta en su contra, ya que el Tribunal Superior de Manizales compulsó copias para que se le investigue por fraude procesal.
No mejor le fue al fiscal que llevó a juicio a varios funcionarios de la empresa gestora de energía, ya que la sala penal que resolvió una apelación cuestionó su actuación y también compulsó copias para que lo investigue la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura.
En ello se resume la decisión del Tribunal, que confirmó el fallo absolutorio de primera instancia, proferido por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales, en el 2018, por celebración indebida de contratos.
Al que se hace referencia se refiere a una compra de carbón, a cargo de Gensa, a un proveedor en Sogamoso (Boyacá), con destino a la Termoeléctrica de Paipa, en el mismo departamento.
Al ser Manizales la sede de la empresa Gensa, de capital público, pero de derecho privado, el proceso se adelantó en el circuito de la capital de Caldas.
El origen de la investigación se remonta a un proceso contractual firmado en noviembre del 2007, con la empresa Consucon, que figuró en el juicio como víctima. Su representante legal denunció en abril del 2008 que le habrían falsificado la firma para solicitar la cesión del contrato a otra compañía de nombre Incoener.
De igual manera, señaló que esta última no contaba con permisos de explotación minera y que eso la inhabilitaría como posible contratista. Según estas consideraciones, la Fiscalía procesó a seis personas.
En el juicio oral se determinó, según el recurso estudiado por el Tribunal, que en realidad la presunta víctima sí firmó la solicitud para ceder el contrato y que el contratista que lo recibió en su reemplazo ejecutó el mismo a través de una afiliada que sí contaba con los permisos de explotación minera.
La teoría de la Fiscalía quedó desmontada a tal punto que se cuestionó su papel investigativo en este caso y en los análisis el Tribunal conceptuó que es una actuación que debería examinar el ente disciplinario competente.
Frente al denunciante y un socio del mismo explicó: “Ante esta corruscante realidad que se acaba de analizar, es imperioso para esta Sala proceder a compulsar copias con destino a la Fiscalía General de la Nación, para que se investigue la actuación de estas dos personas (…), pues a juicio de esta Corporación, se evidencia un actuar que podría estar en los senderos del derecho penal, especialmente en el delito de Fraude Procesal…”.
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