Emergencia carcelaria, problema de seguridad ciudadana

LA PATRIA | MANIZALES

Nadie alcanza a imaginar qué sucedería si un solo caso de covid19 se presentara en una cárcel. “Esto sería como una masacre, pero causada por un virus", relató Fran Salazar, presidente del capítulo Caldas de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP).

La cotidianidad en los centros penitenciarios dio un giro radical en pocos días. Se recuerda que primero se decretó la cuarentena, que implicó restringir las visitas, incluyendo la conyugal, que en palabras de internos la limitación a esta última es media condena.

El primer día de la cuarentena estallaron motines en las principales cárceles del país. En La Blanca hubo una reacción inmediata, alistamiento y refuerzo para contener eventuales desórdenes. Todo transcurrió en calma, señaló Salazar, pero advirtió que la situación actual debe ser vista como un asunto de seguridad ciudadana, por las implicaciones que tendría una fuga masiva.

Luego se decretó la emergencia carcelaria, que se enfoca sobre todo en la prevención. La dinámica de los centros penitenciarios dejó de ser normal. El dirigente sindical dijo que al igual que en el resto de las ciudades, se adoptaron medidas preventivas.

Por ejemplo, la emergencia le permite a la dirección contratar más rápido los insumos de desinfección y tapabocas. En un comienzo las existencias se distribuyeron entre administrativos y guardia penitenciaria.

Esperan suministros

Sin embargo, esperan que en los próximos días lleguen los suministros para las personas privadas de la libertad. Salazar hizo un llamado a los entes territoriales para que asuman lo que les corresponde frente a esta población.

Agregó que el hacinamiento es un hecho que pone en condición de mayor vulnerabilidad a la población carcelaria frente al coronavirus. Por eso la emergencia decretada también contempla de manera excepcional acceder a medidas distintas a la intramural.

En Caldas hay 1.180 internos de más. A las nueve cárceles del Departamento les caben 2.851 internos, pero hoy tienen 4.031, una sobrepoblación de 41,39% (ver info).

Este medio conoció que varios condenados, a través de sus abogados, elevaron solicitudes ante juzgados de ejecución de penas. Así mismo, en vigencia de la misma cuarentena operó un vencimiento de términos para dos detenidos en Aguadas.

Se recuerda que la posibilidad de detención domiciliaria es para mayores de 60 años, que no tengan condenas por delitos graves; personas enfermas y madres gestantes o lactantes. También para aquellos que ya tengan permiso de salida por 72 horas, según el Ministerio de Justicia.

Solicitudes

La abogada manizaleña Isabel Cristina Berni Hoyos, representante de varios condenados, inició una serie de solicitudes ante los juzgados de ejecución de penas. En Manizales hay tres despachos. En condiciones normales estas decisiones tardan dos meses.

“Lo que se ha informado es que en dos meses el coronavirus estaría en una fase muy adelantada. La idea es que el trámite solicitado sea excepcional”, indicó Berni Hoyos.

El directivo sindical del Inpec expresó que de acuerdo con datos del mismo ministerio, de los 120 mil privados de la libertad en Colombia, unos 10 mil podrían llenar estos requisitos.

De otro lado, cuando se trata de indiciados, los términos para los detenidos no dejaron de correr tras la suspensión de términos decidida por el Consejo Superior de la Judicatura, en atención a la emergencia sanitaria.

Esto quiere decir que quienes se encuentren privados de la libertad podrían alegar vencimiento de términos si es que se cumple el tiempo de ley establecido, según la etapa del proceso.

Este es el caso de dos detenidos representados por el abogado Alejandro Moreno Correa, que esta semana asistió de forma virtual a una audiencia de solicitud de libertad para dos personas en la cárcel de Aguadas. La diligencia la presidió un juez de Salamina.

A los dos hombres los capturaron el 27 de julio por su presunta vinculación a un grupo de expendedores de La Merced. Sin embargo, debido a que aún estaban a la espera de un juicio oral, se solicitó la libertad por vencimiento de términos, que fue concedida.

La frase

“Lo que se ha informado es que en dos meses el coronavirus estaría en una fase muy adelantada. La idea es que el trámite solicitado sea excepcional”, Isabel Cristina Berni Hoyos, abogada penalista.