LA PATRIA | MANIZALES
Antes de que se conocieran las actividades ilícitas de alias el Viejo, prestantes entidades de salud del Oriente de Caldas realizaron contratos con él, para la prestación de algunos servicios.
En voz baja se habla en La Dorada acerca acerca de la captura del hombre, quien figura como representante legal de una IPS, registrada en la Cámara de Comercio del puerto.
De acuerdo con el portal de contratación pública (Secop), el año pasado obtuvo un contrato con el Hospital San Simón de Victoria por $8 millones y otro con el Hospital San Félix por $4 millones 500 mil. El primero, para la prestación de servicios de radiografías y el segundo, para la movilización de pacientes en ambulancia.
Al parecer, este vehículo lo inmovilizaron durante los operativos que adelantó la Fiscalía y que arrojaron las capturas de nueve personas, integrantes de dos familias. Al detenido lo vinculan con una red internacional de lavado de activos, que movió cerca de US $24 millones (cerca de $73 mil millones), producto del narcotráfico.
Las sumas de dinero pertenecían a otra organización dedicada al envío de droga a Europa y Estados Unidos. La misión de la red al mando de el Viejo, era coordinar el camuflaje y traslado de divisas en maletas con doble fondo a ciudades de Colombia, Panamá y Perú.
La ofensiva de las autoridades fue el producto de una cooperación internacional entre la Fiscalía de Colombia y la agencia estadounidense ICE/HSI.
Las investigaciones
El dinero lo movilizaban en maletas de doble fondo. La modalidad de transporte de divisas se evidenció luego de tres incautaciones realizada en Bogotá y Ciudad de Panamá.
Cerca de cuatro años y medio duraron las investigaciones. Las primeras actuaciones están fechadas en abril del 2013. El Viejo está llamado a responder por lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad material en documento público.
La Fiscalía les imputó cargos a los capturados el 7 de este mes. Solicitó medidas de aseguramiento, pero el juzgado con función de control de garantías se abstuvo y a cambio ordenó la vigilancia electrónica y presentaciones periódicas.
El ente acusador apeló la decisión del juez. Será un juzgado penal del circuito el que tome la decisión de enviarlos a la cárcel o permitirles permanecer en libertad mientras enfrentan el proceso.
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