LA PATRIA | MANIZALES
Basta con echar una ojeada al pasado para entender que el país desde hace décadas reza los dolorosos. Un séquito de madres tuvo que aprender cómo enfrentar a los verdugos y la ausencia de sus hijos desaparecidos por el conflicto armado.
El Magdalena caldense, que comprende a Norcasia, Samaná, La Dorada y Victoria, ha sido tierra fértil para estas mujeres, pero también el terreno que las ha visto morir con la esperanza de algún día hallar una respuesta a la desaparición de sus seres queridos.
En la lista figuran María del Rosario Ospina, madre de Ricardo Antonio y Luz Enith Hincapié; y la señora Bárbara Anzola, mamá de Epímaco, Carlos Julio y Sabaraín Triana Anzola. Este año la lucha de Luz Estrella Gallego, madre de Nolberto Betancur, terminó a finales del mes pasado.
Tenía 52 años, 18 años se le fueron en la tortuosa labor de rastreo. Su hija, Ana Ligia Betancur, dijo que su madre buscó a su hermano por cielo y tierra hasta que llegó a Norcasia y la amenazaron. “Ella lo rebuscó mucho. Un día le dijeron que si seguía la iban a desaparecer”.
Hasta el final
Luz Estrella fue fundadora, en el 2015, de la organización de víctimas Volver a Vivir, en el corregimiento de San Diego (Samaná). Su colega Gloria Amparo Blandón López la recuerda como una mujer activa, con carisma y siempre dispuesta a ayudar a las familias que atraviesan su mismo calvario.
“Es la tercera madre, de las que hacen parte de las organizaciones en el territorio, que se nos va. Se han ido con ese dolor y la tristeza de no tener noticias de lo que pasó con sus familiares y sin ser reparadas”, expresó.
La líder padecía de cáncer de vías biliares. El año pasado estuvo en tratamiento en Bogotá y tras retornar al municipio caldense su salud empezó a deteriorarse. “Cada día estaba más enferma y la preocupación por su hijo la afectó más. Hasta los últimos días de su vida no dejó de preguntarse por él”, contó Amparo.
No más espera
El fallecimiento de Gallego revivió el llamado del Cedat, de la Universidad de Caldas, la Fundación para el Desarrollo Comunitario de Samaná (Fundecos) y el Equipo de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (Equitas) a las instituciones responsables de las búsquedas de estas personas.
Piden implementar acciones prontas y efectivas que aceleren las respuestas a las familias. Aseguran que la emergencia sanitaria no puede servir como excusa para no desarrollar acciones urgentes que garanticen los derechos de las víctimas.
“Estos tres casos no son los únicos. En el país cientos de familiares han envejecido, enfermado y fallecido esperando acciones concretas del Estado. Es el momento de actuar con prontitud en aras de cumplir con los objetivos para los que fueron creadas las instituciones transicionales, para garantizar que ningún padre, madre, hijo, hija, abuela o abuelo muera sin saber la verdad”.
Duelo congelado
La psicóloga Fanny Bernal Orozco indica que una persona que busca a un desaparecido jamás transita el camino del duelo, porque es una herida que no se cierra. “Puede que se rebaje su dolor a partir de que haga méritos, pero un padre y una madre seguirán buscando”.
La experta señala que a esa situación de incertidumbre y confusión se le define como la pérdida ambigua, que es consecuencia de no saber si un ser querido está vivo o muerto. Esto afecta gravemente el bienestar psicológico de las familias. Es posible que pasen toda su vida buscando respuestas y tienden a aislarse social y emocionalmente como resultado de ese proceso. “Son seres humanos que se las pasan de fosa en fosa y de bus en bus. Incluso han perdido todo por averiguar, porque les mienten, les piden dinero y les suceden muchas tragedias”.
Añade que la búsqueda inconclusa genera una angustia que se extiende en el tiempo, y ocasiona estrés crónico, depresión, ansiedad, desgaste, y enfermedades físicas, pues en Colombia las labores de rastreo y memoria y los costos emocionales, financieros y de seguridad han recaído sobre las víctimas.
Régimen del terror
187 víctimas fueron caracterizadas, de acuerdo con el informe ejecutivo Plan regional integral de búsqueda de las personas desaparecidas en la región del Magdalena caldense. Este proyecto fue desarrollado por el Cedat, Fundecos y Equitas.
Según el análisis de los 187 casos documentados, se encontró que 118 desaparecidos tienen entre 18 y 40 años y de cada 10 desaparecidos, nueve son hombres.
También se reveló que el 53% de los casos se trataron de desapariciones forzadas. El informe cuenta el accionar de los paramilitares, quienes desmembraban a sus víctimas con el objetivo de ejercer control a través del terror y entorpecer el proceso de juicio para los delitos, desapareciendo evidencias. Mientras que las extintas Farc, en los frentes 9 y 47, especialmente en Samaná, efectuaron desapariciones al reclutar niños, niñas y adolescentes, contra su voluntad o persuadiéndolos a enlistarse en sus filas.
De las Auc
9 mil 400 hechos atribuibles, 3 mil 147 confesados, mil hechos imputados por la Fiscalía, al menos 500 muertos y 20 masacres, siete de ellas en Caldas. Estas son cifras del terror que las Autodefensas Unidas del Magdalena Medio, al mando de Ramón María Isaza Arango, alias el Viejo, infundieron en Caldas, Antioquia, Cundinamarca y Tolima.
Según la Fiscalía, de las 499 víctimas reconocidas por este grupo, enterraron a 106, desmembraron a 23 y arrojaron 217 al río. 130, del total de casos, fueron en Caldas
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