Detenidos en estaciones: nadie los quiere tener

LA PATRIA | MANIZALES

La Procuraduría y el gremio de trabajadores del Inpec lanzaron alertas en diferentes sentidos sobre el fin de la vigencia del decreto de emergencia que impedía llevar a sindicados, detenidos en estaciones de policía y calabozos, a las cárceles.

Se recuerda que el artículo 27 del Decreto 546 dispuso que no se recibiera a los privados de la libertad en los centros penitenciarios como medida preventiva para prevenir el contagio de la covid-19. La medida entró en vigor el 14 de abril, por un término de tres meses.

Esta semana se pronunció la Procuraduría General de la Nación. Advirtió a las autoridades carcelarias que se deben adoptar medidas urgentes para empezar a recibir a los detenidos en los calabozos y estaciones de Policía.

Sin condiciones

Al paso de este llamado del Ministerio Público salió la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), que agrupa a integrantes de cuerpos de custodia y administrativos. El presidente de la agremiación, Horacio Bustamante Reyes, dijo que no existen las condiciones para la reapertura de las cárceles.

Agregó que el hacinamiento, sumado a la falta de espacios útiles para aislamiento preventivo, las comorbilidades de internos y funcionarios aumentan los riesgos en los centros penitenciarios, mucho más porque aún no se llega al pico de la pandemia.

En este sentido solicitó al Ministerio de Justicia la prórroga del decreto, aunque sobre este pesa un estudio de constitucionalidad. Los críticos del mismo señalan que su alcance fue bajo y no cumplió el propósito que se buscaba, como era el deshacinamiento y protección de la mayor cantidad de población en riesgo.

Sobre la inconveniencia de reabrir las cárceles de Caldas, el presidente seccional de la UTP, dragoneante Fran Salazar, advirtió que si se reinicia el recibo de privados de la libertad el martes, cuando finaliza la vigencia el decreto, no habrá medios ni dotación para la prevención.

De manera adicional expresó que no se tiene la certeza sobre si hay o no casos de covid-19 en los calabozos y estaciones de policía. Señaló que se necesita que, al menos, cada persona que sea trasladada cuente con el resultado de la prueba.

El escenario continuará igual si el Minjusticia prorroga el decreto, pero en caso de no hacerlo este medio conoció que se podría dar una movilización sindical para condicionar el ingreso de privados de la libertad.

La Blanca

Hasta abril, cuando entró en vigencia el Decreto 546, había en la cárcel La Blanca, de Manizales, 1.393 reclusos entre condenados (1.083) y sindicados (310). Su capacidad es de 670. Hacinamiento del 107,9%.

Privados de la libertad

Hasta el 15 de junio en las estaciones de Policía y calabozos de la Sijín en Manizales había 130 privados de la libertad, de los cuales 20 son condenados.

11 establecimientos penitenciarios del país registran casos de covid-19, entre ellos la cárcel Doña Juana, de La Dorada, con 3. En el país hay 132 cárceles.