Desorganización tuvo en líos penales a un fiscal de Caldas

LA PATRIA | MANIZALES

El Tribunal Superior de Manizales concluyó que un fiscal que para el 2010 estaba asignado a Supía, no debía ser condenado por falsedad en documento público, pues lo que quedó en evidencia era la desorganización en el despacho.

La realidad del delegado de la Fiscalía era que la oficina era inadecuada. Un cuarto en los bajos de la Alcaldía. Por lo relatado en el fallo absolutorio la gestión documental era un caos.

El proceso se originó en el 2016 cuando una comisión enviada desde Manizales por la Dirección Seccional de Fiscalías, para revisar si se cumplían las directrices para la organización de documentos, detectó 12 investigaciones archivadas en el SPOA, pero sin las constancias respectivas en los expedientes.

La circunstancia obligó a que se compulsaran copias ante un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Manizales, quien encontró méritos para imputar y acusar al funcionario por falsedad en documento público.

En el trámite del juicio oral salió a relucir las difíciles condiciones de infraestructura que para la época vivía el despacho, pues no contaba con anaqueles ni estantería para organizar los procesos. Todo estaba en cajas o en el piso.

De otro lado, como solo contaba con un asistente el archivo de procesos que ordenaba el fiscal se hacía al final de cada mes, pues la congestión era considerable, como ocurre en la rama judicial.

Sin embargo, entre los aspectos que más sembraron dudas en los magistrados sobre el comportamiento doloso del fiscal fue el hallazgo posterior de unas constancias de archivo que se habían traspapelado en otros documentos.

La denuncia se basaba en 12 procesos, pero luego se redujo a nueve. El Tribunal valoró las pruebas y encontró que los actos de cada investigación llevaban necesariamente al archivo por desistimiento, conciliación o imposibilidad de identificar un responsable de las conductas que se tramitaban.

Concluyó la corporación que no había dolo, ni afán de cumplir con las metas estadísticas impuestas por la Fiscalía, sino desorganización y deficientes condiciones de trabajo, las cuales no fueron siquiera superadas cuando el despacho se trasladó a la Casa de Justicia de Supía, debido al atraso en la ordenación del archivo.

Ante la decisión del Tribunal no se presentaron recursos, por lo que el fallo quedó ejecutoriado y el procesado libre de toda culpa.