LA PATRIA | MANIZALES
Siguen las denuncias por las batidas del Ejército en los municipios de Caldas. En esta ocasión, Francisco González, concejal de Manizales por el Partido Verde, contó que el sábado lo llamó un joven de Chinchiná y le dijo que al pasar por la antigua estación de Policía fue detenido por un grupo de soldados que se movilizaba en un camión. Allí había, al menos, otros ocho muchachos.
El joven se alteró porque es estudiante universitario y les expresó que lo que hacían era prohibido. Sin embargo, según él, un militar lo increpó: “Se monta a las buenas o a las malas”.
Todo cambió cuando los familiares de los jóvenes y transeúntes presionaron. Incluso, apareció un abogado, que evitó que los muchachos fueran trasladados, al parecer, al Batallón Ayacucho.
Según el coronel Germán Puentes, comandante de la Octava Brigada, no basta con que la persona diga que está estudiando, hay que comprobarlo con los certificados que lo acreditan. "Nuestras tropas no encierran a los ciudadanos, simplemente si está apto y no tiene impedimentos, debe irse”.
El concejal lamentó que el Ejército no respete las disposiciones de la Corte Constitucional. "Cuando se presentan redadas nadie da la cara, se tiran la pelota entre los militares”.
Un ejemplo fue la batida que se presentó en el Centro de Manizales el sábado 8 de noviembre. En aquella ocasión, el comandante del Batallón Ayacucho, Jorge Iván Sánchez, argumentó que los responsables eran integrantes del Batallón Patriotas de Honda (Tolima).
Para el concejal González, ya es hora de que los organismos de control hagan algo. “He hecho debates y seguiré denunciando hasta que tomen medidas contra los militares responsables”.
Según el coronel Puentes, “la sentencia de la Corte nos permite requerir personal para llevarlo a las instalaciones, verificar su situación y, si es apto, incorporarlo”. Añadió que lo que prohíbe es maltratar a los ciudadanos objeto de indagaciones. Por eso, aclaró que todos los ciudadanos tienen derechos e instancias para quejarse si sienten que son vulnerados.
Adriana Cardona, secretaría de Gobierno de Chinchiná, no está de acuerdo con las batidas y contradice la versión contada por el joven. Ella dijo que el Batallón Ayacucho hizo fue una recepción de jóvenes para legalizar su situación militar.
El evento, según la funcionaria, fue en el Coliseo Verdúm el sábado 15 de noviembre, y estuvo el Personero del municipio, Leandro Quintero Romero.
Sin embargo, este aseguró que no acudió, pero supo que se haría. Cardona contó que si la persona demostraba con certificados que estaba estudiando, tenía hijos o era casado, lo dejaban ir. Incluso, aclaró, si padecía alguna discapacidad, los médicos del Batallón lo corroboraban.
El Personero indicó que se ha opuesto a estas acciones militares al considerarlas retenciones o secuestros. Y que de ser verdad, denunciará ante los entes de control.
Armando Ramírez Olarte, abogado del Partido Político Mira, quien tramita una acción de desacato por las repetitivas batidas que vienen realizando los miembros del Ejército en los municipios de Caldas, afirmó recientemente en la sitio web de La Patria, que la Corte Constitucional en la sentencia C-879 de 2011, aclaró que las batidas están prohibidas para infractores o no inscritos.
Para los remisos, (quiénes habiéndose inscrito no asistieron a la incorporación) la misma sentencia de la Corte Constitucional, según Ramírez Olarte, señala que no otorga competencia a los militares para hacer batidas indiscriminadas con el fin de identificar a los remisos y luego conducirlos a los lugares de concentración, pues esta práctica implica incurrir en detenciones arbitrarias prohibidas por el artículo 28 constitucional”.
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