
LA PATRIA | MANIZALES
El aguadeño Jimir Alberto Marulanda Toro, de 31 años, tuvo una niña hace 10 años con su compañera sentimental, pero se desentendió de su obligación como padre de familia. Esto llevó a su ahora exesposa a demandarlo por inasistencia alimentaria.
El caso llegó ante un juez, que como reo ausente condenó a Marulanda Toro a 32 meses de prisión. Por eso, la Sijín de Salamina lo detuvo la semana pasada, a las 5:00 de la tarde, en la vereda Salineros, de Arma (Aguadas), tras una orden judicial del Juzgado Promiscuo de La Merced. El agricultor reside en la vereda La María, de ese corregimiento.
La Sijín llamó la atención de las personas que no cumplen con esta obligación y les advirtió que es un delito, que los lleva a la cárcel. La investigación arrancó hace tres años. La excónyugue se quejó porque el sujeto no le aportaba recursos para la manutención de la niña. "Me toca matarme trabajando, sola", les dijo.
A Marulanda Toro lo citaron en reiteradas ocasiones a varias audiencias para lograr una conciliación, pero no asistió y muchos menos aportó el dinero para su hija.
El juicio oral se desarrolló el 7 de marzo pasado, en La Merced. El Juzgado emitió la orden de captura. Luego de detenerlo lo mandaron para la cárcel de Aguadas, por ser el sitio más cercano al lugar de residencia.
Un juez explicó que después de que la sentencia por este delito esté ejecutoriada no hay nada que hacer. La opción que le queda a la madre de familia es solicitar que se tramite el incidente de reparación para que el condenado pague por los perjuicios que ocasionó.
Añadió que en ocasiones el hombre pide, a través de su abogado, la posibilidad de detención domiciliaria, con permiso para trabajar, con el fin de responder por su obligación. Sin embargo, desde el 2012 se prohíbe dar cualquier tipo de beneficio, pero el juez puede analizar cada caso particular.
"Acá llegan muchas mujeres llorando porque no saben qué hacer. Resulta peor el remedio que la enfermedad, pues si no les responden libres, menos detenidos", expresó.
Si no se ha dado un fallo, explicó el juez, el sindicado de inasistencia alimentaria puede conciliar para evitar la acción penal, pero si llega a fallar, el conciliador puede reactivar el proceso o solicitarle a la víctima que vuelva a denunciar. Muchas veces a los fiscales no les queda más opción que imputar cargos y presentar el escrito de acusación.
Como se trata de menores de edad, cualquier allegado puede interponer la queja o lo hace el mismo ICBF. Solo basta con demostrar, con el registro civil, que el o la menor es hijo (a) del sindicado.
La Policía Caldas ha capturado este año a tres personas por este delito. El año pasado fueron 27.
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