LA PATRIA | MANIZALES
La defensa apeló la medida intramural decretada para dos miembros del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de Caldas, capturados el fin de semana por su presunta coautoría en un fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.
Los hoy privados de la libertad son los mismos que viajaron al Cauca con Mario Herrera Aparicio, también integrante del CTI, quien fue secuestrado el 26 de marzo y posteriormente asesinado por el grupo Dagoberto Ramos, disidente de las desmovilizadas Farc, en hechos que se desarrollaron en el Cauca.
El abogado Jonathan Ramírez Ramírez, defensor de los detenidos, explicó que ese hecho no fue tratado durante la audiencia. Lo que se investiga son las presuntas irregularidades en documentos o formularios que se allegaron como requisitos para justificar el desplazamiento de la comisión.
En este sentido, agregó que se opuso a la medida de aseguramiento intramural y, por lo tanto, ante la decisión de una jueza con función de control de garantías de enviarlos a la cárcel, presentó el recurso de apelación.
Al respecto, indicó que el fundamento del recurso tiene que ver, entre otras razones, con que en la imputación la Fiscalía omitió aclarar cuál era la participación de cada uno en los delitos enrostrados.
De otro lado, cuestionó que el ente investigador tampoco explicara en qué consistieron las falsedades en los documentos, sino que al relacionarlos los calificó como presuntamente falsos.
La razón de la juez para decretar la medida es que hay un peligro de obstrucción en el proceso, debido a que se trata de funcionarios de un cuerpo de investigaciones. Sin embargo, Ramírez Ramírez lo consideró muy drástico.
Anotó que hasta la captura era innecesaria, porque en momento alguno sus representados se han mostrado renuentes a comparecer al proceso. Hubiese sido suficiente con citarlos a la audiencia de imputación, indicó el defensor.
Así mismo, reseñó que la experiencia en este tipo de procesos y por la naturaleza de los delitos endilgados lo normal es que las personas se puedan defender en libertad, por lo que pidió que se revoque la medida intramural y se imponga una distinta que podría ser una domiciliaria o separación temporal del cargo.
La apelación quedará en manos de un juzgado penal del circuito, que podría confirmar o revocar la medida. Se recuerda que la presunción de inocencia se mantiene para los dos investigados hasta que un juez de conocimiento dicte un fallo que puede ser absolutorio o de condena, y que quede debidamente ejecutoriado.
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