Helmer González
LA PATRIA | NORCASIA
Delgado, sonriente y atento, el sepulturero Ovidio Buitrago y su memoria de lo ocurrido en el cementerio Nuestra Señora del Carmen, de Norcasia, en los últimos 21 años, resulta fundamental para las búsquedas de cadáveres sin identificar que inició la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Son cinco camposantos en el oriente de Caldas a los cuales se les dictó medidas cautelares, lo que significa que no se pueden exhumar ni inhumar cuerpos en un total de 45 puntos de interés dentro de los mismos, ya que allí se encuentran los restos de personas sin identificar.
Recorrer con él el lugar es igual a reconstruir la forma cómo uno a uno llegaron esos cuerpos y fueron enterrados. En ninguno existe ni una cruz o una señal más allá de la certeza, a simple vista, de que un hueco rectangular fue cavado y luego llenado.
“A este lo mató Karina. Lo trajeron junto con (alias) Pitufo”. Se refiere a dos paramilitares quienes según el relato, osaron echarse una canita al aire en territorio dominado por las Farc en el 2002. “La mujer esa como que les dijo ‘miren que no tuve que ir a buscarlos, vinieron solitos’”.
A Pitufo lo reconocieron y habría tenido un entierro con nombre propio. Era el que le cuidaba cultivos ilícitos a Ramón Isaza, pero su compañero quedó sin identificar. Unos metros más allá Buitrago señala el punto donde habría quedado un supuesto guerrillero, en el 2001.
Recordó a otro supuesto guerrillero, enterrado en el 2005. Avanza dos pasos y muestra el lugar donde sepultaron a un hombre que llevaron un 31 de diciembre. Describió siete ubicaciones de cuerpos sin identificar.
Todo se lo contó a unos investigadores de la JEP que el año pasado fueron a marcar lugares, donde se depositan los restos de personas cuyos familiares no los exhuman, como es costumbre, para ubicarlos en un osario.
En la mayoría de sitios donde están enterrados no existe una cruz ni otra señal, solo el hueco.
Victoria
En Victoria, donde está el cementerio San Maximiliano, el sepulturero Rubén Darío Henao contó que la JEP hizo varios recorridos y estudios, tomó fotografías aéreas y marcó algunos lugares.
Son cinco los sitios donde hay restos de personas no identificadas. Solo recuerda que uno falleció por causas naturales en zona rural. De los otros no da razón, porque los enterraron antes de que obtuviera su trabajo entre los muertos, desde hace 11 años.
En cada tumba hay una cruz pintada de violeta, pero el tiempo borró los datos. Solo en uno se alcanza a identificar un 2009.
Cementerio San Maximiliano, de Victoria. Las tumbas con cuerpos sin identificar se diferencian de los demás por el color de las cruces.
Difícil tarea
Se recuerda que la JEP advirtió de una “indebida administración de los cementerios Nuestra Señora del Carmen en Norcasia, San Agustín y San Diego en Samaná y San Maximiliano María Kolbe y Pradera en Victoria”.
En el de Norcasia, por ejemplo, se sabe que a petición de una familia para enterrar a dos hermanos uno al lado del otro, fue sustraída una osamenta sin identificar, la depositaron en un costal y terminó en la fosa común, que y ordenaron sellar.
En este sentido la JEP observó que “el abandono y negligencia institucional ha incidido en que el rastro de muchos perdidos haya desaparecido de nuevo”, lo que constituye una revictimización y negación de las garantías de no repetición.
Foto | Rubén Darío López | LA PATRIA
Cementerio de San Diego, en zona rural de Samaná.
Alcance de la medida
El sacerdote Jorge Iván Monsalve, párroco adscrito al templo San Agustín, de Samaná, manifestó que la medida cautelar se relaciona directamente con los puntos del cementerio donde se sabe que hay personas sin identificar, lo que no afecta al resto del camposanto.
Registraron todo
El sacerdote Alberto Aristizábal, párroco del templo Nuestra Señora del Carmen de Norcasia, anotó que el grupo de investigadores de la JEP, encabezados por un fiscal, inspeccionó los registros con los que cuenta el despacho. Durante una semana ese equipo de trabajo enviado desde Bogotá escaneó todos los libros donde se anotan las defunciones.
Un avance
Carolina López Giraldo, coordinadora del Centro de estudios sobre conflicto, violencia y convivencia social (Cedat), de la Universidad de Caldas, valoró como positiva la medida cautelar.
El Cedat, el Equipo interdisciplinario de trabajo forense y asistencia psicosocial (Equitas) y la Fundación para el desarrollo comunitario de Samaná (Fundecos) presentaron en febrero el informe Construcción de memoria y verdad desde las voces de las víctimas del Magdalena Medio.
El trabajo citado consignó entre sus recomendaciones la elaboración de muestras genéticas con familiares de víctimas de desaparición, trabajo que se iniciará en las próximas semanas. López Giraldo llamó la atención de manera especial sobre la espera de muchos adultos mayores que buscan a sus seres queridos, por lo que lo deseado es que haya agilidad en el proceso.
Los desaparecidos
El informe presentado ante la JEP en febrero dio cuenta de 187 desaparecidos en el Magdalena Caldense. El 43% por ciento habría terminado en los ríos, el 39% en fosas clandestinas y el 15% en cementerios.
De otro lado, el Registro Único de Víctimas contiene reportes de 1.028 casos en La Dorada, 119 en Norcasia, 551 en Samaná y 129 en Victoria.
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