LA PATRIA | MANIZALES
Equipos de oficina, viajes, multas de tránsito y giros en efectivo canceló un contratista de la Asamblea de Caldas, a favor del diputado Nicolás Aguilar González (Centro Democrático), elegido para el período 2016-2019.
Así lo dijo la Fiscalía, al imputarle ayer cargos por concusión al miembro de la corporación, ante un juez con función de control de garantías. Aguilar González negó su responsabilidad en los hechos.
De acuerdo con el investigador, el diputado ejerció presiones indebidas sobre el contratista. El ente acusador manifestó durante su intervención que el contratista, un profesional del área de sistemas, fue recomendado por el diputado para laborar en la Asamblea, por lo que aprovechó su posición para hacerle las presuntas exigencias, que constituyen un delito.
De otro lado, durante las indagaciones algunos diputados rindieron declaraciones juramentadas en las que confirman que había acosos del diputado al contratista, que iban hasta el punto de decirle que renunciara, según enunció la Fiscalía.
El pasado 2 de diciembre se presentó la denuncia penal. En la misma, el contratista entregó pruebas documentales sobre las compras, transferencias, pago de un boleto de avión Bogotá-Panamá-Bogotá, todos asumidos por el denunciante.
Los hechos ocurrieron el año pasado. En este sentido la fiscal primera seccional enfatizó que se trató de una concusión en en concurso homogéneo y sucesivo, es decir, que ocurrió en varias ocasiones.
Negación
El diputado negó los cargos. Luego de la audiencia dijo que conocía del caso desde noviembre pasado porque también hay una denuncia en la Procuraduría y en el Comité de Ética del Partido, por los mismos hechos. Ahora se alista para iniciar su defensa en el proceso penal.
Se presume inocente
El diputado Nicolás Aguilar quedó vinculado a un proceso penal en su contra, es decir, que aún se presume inocente hasta que un juez dicte sentencia.
Concusión
El delito de concusión es conocido como la extorsión que los funcionarios superiores o políticos practican contra subalternos o recomendados, para permitirles seguir en los cargos. El Código Penal lo castiga con penas que van de ocho a 15 años.
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