LA PATRIA | MANIZALES
El 21 de abril del 2017 llegaron con una niña de tres años, a un centro asistencial de Armero Guayabal (Tolima), con fracturas de cráneo, un brazo y otras lesiones. Por la gravedad de sus lesiones la trasladaron a Ibagué, en donde murió un día después.
La necropsia determinó que la infante, que nació en La Dorada, tenía lesiones antiguas y recientes en casi todo su cuerpo. Además tenía de signos abuso sexual. Por el crimen, las autoridades capturaron a sus padrinos Ángela Johanna Guerra Urueña y Edilberto Rojas Torres.
La Fiscalía le imputó homicidio agravado en concurso heterogéneo con tortura agravada a la mujer, mientras que a su esposo lo señaló de tortura agravada. En mayo pasado, un juez especializado de la capital tolimense los halló culpables y este lunes los condenaron a pagar 39 años y 13 años respectivamente.
El ente acusador señaló que según el dictamen médico legal, la niña murió a causa del zarandeo, que consiste en balancear a una persona con fuerza de un lado a otro de manera violenta. Esto le provocó un trauma fuerte en la cabeza.
80 pruebas entre testimoniales y científicas se usaron para determinar la responsabilidad de la pareja, las que demostraron que "sometieron a la niña a un maltrato físico agudo, sistemático y crónico por el lapso de un año, que la llevó a una desnutrición severa, mientras la tuvieron bajo su custodia", relata la Fiscalía.
La niña pasó a manos de sus padrinos porque la madre no tenía los recursos para mantenerla. Se la llevaron a vivir con ellos a Armero Guayabal. También se expuso durante el juicio que vivía en condiciones infrahumanas y degradantes.
Además le vulneraron el derecho a la educación, pues dejaron de llevarla al Centro de Atención Integral de la vereda en la que residía, pues sostuvieron que era desobediente.
Otra investigación
Tras dar la lectura de sentencia, el juez compulsó copias a la Fiscalía para que investigue el acceso carnal violento del que fue víctima la menor y del que exoneraron a Johanna Guerra.
Funcionaria relacionada
A la excomisaria de Familia de Armero Guayabal le imputaron cargos por prevaricato por acción y por omisión, por su presunta responsabilidad en la muerte de la niña.
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