Condenados pagarían multa con trabajo comunitario

LA PATRIA | MANIZALES

La reforma al Código Penitenciario, radicado en el Congreso, contempla la financiación de multas o pago de ellas con trabajo comunitario. También considera nuevos parámetros para fijar condenas en centros carcelarios y tratamiento diferencial a poblaciones especiales como las mujeres y los indígenas.

A estos temas y a la situación de las cárceles del Eje Cafetero se refirió ayer la ministra de Justicia y del Derecho, Ruth Stella Correa Palacio, durante una rueda de prensa virtual, dirigida desde Bogotá para los periodistas del Eje Cafetero.

Por espacio de 38 minutos la Minjusticia respondió interrogantes e hizo aclaraciones sobre asuntos que inquietan al INPEC y a la población carcelaria. Los periodistas estuvieron en los comandos departamentales de Policía de Caldas y de Risaralda.

Anotó que el proyecto de Ley 256 quedó radicado el pasado 21 de marzo y comenzará su trámite en la Comisión primera de la Cámara de Representantes. Si lo aprueban reemplazará al código que está vigente, que es la Ley 65 de 1993.

Multas y penas

La titular de la cartera precisó que no se eliminarán las multas (pena accesoria) que deben pagar los condenados que cumplan las tres quintas partes de la pena (que equivale al 60 %).

En este aspecto explicó que viene sucediendo que muchos reclusos cumplen los requisitos para que se les otorgue la libertad condicional, pero se tienen que quedar presos por falta de dinero para cancelar la multa.

Agregó que la propuesta del nuevo código permite hacer acuerdos de pago e inclusive cambiar esta imposición por trabajo comunitario, en convenio con administraciones locales.

En cuanto a los sitios de reclusión indicó que se elimina el elemento subjetivo para que sea menor la discrecionalidad del juez para decidir si una condena debe ser purgada en un centro carcelario, en domicilio o con vigilancia electrónica.

Hacinamiento

En este sentido la ministra precisó que está en desacuerdo con la liberación masiva de presos de las cárceles.

De manera complementaria señaló que luego de descartar la construcción de la cárcel regional en La Virginia (Risaralda), los nuevos esfuerzos se enfocan en hacer una nueva y con mayor capacidad en el sitio donde hoy está La 40 de Pereira.

El proyecto, que costaría $ 75 mil millones, contempla además la construcción de un túnel que comunique esa penitenciaría con el Palacio de Justicia, el cual está ubicado contigua a la misma.

Aclaraciones

Varias aclaraciones hizo Ruth Stella Correa, ministra de Justicia, en el encuentro virtual con periodistas:

1. Destacó que la propuesta de liquidar el INPEC surgió en el Congreso de La República, pero no expresó si el Gobierno está de acuerdo o en desacuerdo.

2. La vigilancia privada se podría contratar en casos excepcionales, debido al déficit de guardianes.

3. El gobierno está en desacuerdo con un proyecto que pretende una salida masiva de reclusos de las cárceles.

Cárcel de mujeres

LA PATRIA le consultó a la ministra de Justicia sobre las dificultades en la parte sanitaria en la Cárcel Villa Josefina de Manizales (para mujeres). La ministra respondió que se han hecho inversiones por $ 73 millones en el área de sanidad. Agregó que hay una destinación de cerca de $ 500 millones para mejorar las instalaciones, que se deben ejecutar próximamente.

La cifra

12 estrategias contempla la propuesta de nuevo código penitenciario para enfrentar crisis carcelaria.