Caso Cartagena continuaría en junio

LA PATRIA | MANIZALES

El juicio que se lleva a cabo contra tres comerciantes de Riosucio y Supía tendría un receso de tres meses y, dependiendo de la congestión judicial, según explicó el abogado de dos acusados, cuando se presenten nuevas pruebas para determinar si son inocentes o culpables por colaborar con el paramilitarismo y ordenar el asesinato en el 2003 de Gabriel Ángel Cartagena, excandidato a la alcaldía de Riosucio.

Ayer se presentaron los últimos dos testigos de 16 que dieron sus testimonios, para buscar aclarar la muerte del líder indígena y de tres integrantes de su comitiva. Entre los testigos figuraron los exparamilitares Alberto Guerrero, Ernesto Báez, Jonathan y Víctor.

Ante la figuración de Víctor, el defensor de los comerciantes mostró su disgusto porque la Fiscalía y la defensa de las víctimas recurrieron al expara, a quien tildó de mitómano y poco creíble.

Un líder indígena de Riosucio, y quien fue cercano a Cartagena, fue el último testigo que se presentó. Dijo desconocer a varios comerciantes a quienes ha acusado alias Víctor, y sobre los dos de Riosucio aseguró que los conoce, que le vendieron una propiedad al resguardo de Cañamomo Lomaprieta, pero que fue un negocio amable.

Añadió que el crimen de Cartagena no tuvo que ver con líos de tierras, pues de hecho era muy respetado por los riosuceños, y que podría ser un asesinato ordenado por políticos tradicionales, por actores armados o multinacionales.

El líder denunció que la persecución a la comunidad indígena no ha cesado, que el Estado no puso cuidado a las medidas cautelares que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que en Caldas son unos 40 amenazados por distintos actores del conflicto.