Autoridades de Manizales y colectivos de Derechos humanos libran una guerra de declaraciones

Foto | Archivo | LA PATRIA 
La glorieta de Los Cámbulos ha sido escenario de dos confrontaciones.

LA PATRIA | MANIZALES
Colectivos de Derechos Humanos y la Policía Metropolitana de Manizales sostienen un pulso de declaraciones, que se intensificó el lunes tras una respuesta del Comando de la institución a una comunicación de los primeros.
La dinámica de los pronunciamientos ha sido de afirmaciones de uno y desmentidas del otro. También es evidente que la intensidad de declaraciones aumentó en el marco de la visita de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Colectivos de DDHH
* “Manizales no ha sido ajena a lo ocurrido en otros lugares del país, evidenciándose uso desproporcionado, desmedido y descontextualizado de la fuerza con fines de intimidación, imposición de ideales políticos y violación sistemática de Derechos Humanos”.
* “Desde el inicio de las manifestaciones se han presentado más de 620 detenciones arbitrarias, muchas de ellas a menores de edad y en irrespeto del debido proceso, que en caso de niños, niñas y adolescentes requiere de un trato diferenciado…” 
* “Se ha impedido la realización de murales y muestras de arte en espacios públicos, las cuales en ningún caso han comportado apología al delito o a la discriminación por ningún motivo”.
* “Agentes del Estado y adscritos a la fuerza pública, han venido desarrollando una estrategia clara de ataque sistemático a defensores y defensoras de DD.HH. que ejercen un rol de veeduría”
* “Agentes del Estado y adscritos a la fuerza pública, han omitido e incumplido de manera repetida, obstinada y arbitraria los protocolos de intervención y uso de la fuerza en contexto de las manifestaciones sociales dispuestos por la ley, la Constitución y las jurisprudencias constitucional y convencional”.
* “La Administración Municipal y la Policía Metropolitana han persistido en incumplir lo ordenado por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Manizales en sentencia de tutela tras acción interpuesta por ciudadanos para preservar los derechos fundamentales de los miembros de la comunidad, cursándose actualmente un incidente de desacato”.
* “El equipo de DD.HH. ha recibido 16 denuncias por lesiones personales, amenazas de muerte y detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, algunas de ellas, por parte de personas adscritas a la Policía Metropolitana de Manizales.
* “Destacamos la declaratoria de ilegalidad en procedimientos de captura a más de 30 manifestantes, además de apelarse con éxito 82 comparendos”.

Policía Metropolitana
* “Los policías hacemos uso de la fuerza, facultados por la ley para restablecer la convivencia, que de manera evidente se ha visto perturbada por manifestantes violentos que salen del seno de las marchas pacíficas y generan caos”.
* “Respecto a los adolescentes, se han realizado 76 traslados para restablecimiento de derechos y no es cierto que se les haya transgredido los derechos, o dado un trato no diferencial”.
* “Hasta la fecha se han realizado 54 traslados para procedimiento policial y la realización del proceso verbal inmediato, 312 traslados por protección. Debido a dificultades de orden público, fue necesario el traslado de infractores a las instalaciones del CTP”.
* “Se han efectuado 39 capturas, por conductas punibles en desarrollo de las manifestaciones (…) dos órdenes judiciales, dos aprehensiones, de las cuales tres decretaron medida intramural, tres domiciliarias, y los demás continúan vinculados en los procesos penales”. 
* “Es cierto que las manifestaciones pacíficas están amparadas constitucionalmente, no obstante, no se puede incurrir en comportamientos contrarios a la convivencia o delitos (…) múltiples mensajes escritos en el espacio público de la ciudad serían prohibidos (…) es evidente que hacen apología al odio e invitan a cometer delitos”.
* “Se ha permitido el ingreso a las instalaciones del comando de la Metropolitana y a otras unidades policiales de los señores abogados y/o representantes de colectivos de derechos humanos”.
* “En cumplimiento al decreto 003 de 2021, se realiza verificación de los elementos considerados menos letales por parte del Ministerio Publico al personal del ESMAD y dispositivos mínimos de intervención”.
* “Los manifestantes recogen elementos del ESMAD y son lanzados por ellos a los domicilios y residencias de particulares con el fin de afectar a la comunidad”.

¿Qué se espera?
El docente Harold Miguel Medina Galindo, quien orienta la cátedra de Derecho Internacional en la Universidad Católica Luis Amigó sede Manizales, explicó que la visita de la CIDH producirá un informe que será puesto a consideración de la asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Será el producto de haber escuchado y recibido información tanto de las instituciones del Estado como de organizaciones y personas que solicitaron ser oídas durante los tres días de la visita. 
Es el escenario en donde acabarán las declaraciones y se recaudarán los hechos notorios de violaciones a los derechos humanos, en el marco del paro nacional. Se debe tener en cuenta que en esta ocasión no se recibirán informes diferentes que no estén relacionados con las protestas que se iniciaron el 28 de abril.
El profesor Medina resaltó que no se deben esperar acciones como medidas cautelares, que si bien son competencia de la CIDH, estas son el producto de un procedimiento distinto e individual.

El Estado obligado
El informe que produzca la CIDH no generará obligaciones para Colombia, salvo que se llegue al punto de emitir recomendaciones, pero aún faltaría un largo camino por recorrer.  
El abogado y docente Rodrigo Giraldo Quintero, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad de Manizales, manifestó que en el escenario de eventuales recomendaciones, el Estado colombiano se ha obligado a cumplirlas.
Tradicionalmente Colombia las ha adoptado, lo que lo ha diferenciado de países como Nicaragua y Venezuela. Sin embargo, “en los últimos años Colombia ha manejado una postura muy ambigua”, comentó Giraldo Quintero. Se estaría rompiendo el principio elemental de que “los pactos son para cumplirse”.
El país podría llegar a ser parte de la deshonrosa lista de países incumplidores de los derechos humanos, como los ya mencionados, indicó el docente de Derecho Constitucional. Esa sería la razón por la que finalmente el Gobierno cedió y aceptó la visita. 

Dónde denunciar
*Correo electrónico: CIDHDenuncias@oas.org
*Formulario en línea: http://www.cidh.org/denuncia.esp.htm. También se puede descargar en este último sitio  formulario para luego enviarlo por el correo.

CIFRA
650 organizaciones de la sociedad civil solicitaron la visita de la CIDH, que finaliza mañana.

DATO
Algunos uniformados también están bajo investigación ante las autoridades competentes, por presuntas actuaciones irregulares durante las protestas.