LA PATRIA | MANIZALES

$57 millones le tienen que pagar la Arquidiócesis de Manizales y Rosa Elvira Arce Londoño a una mujer como indemnización por ser víctima de un caso de falsedad en documento privado.

La víctima resultó engañada cuando usó un servicio notarial en la Arquidiócesis, atendido por Arce Londoño. Por eso la procesaron penalmente y le dieron 10 meses de condena, por aceptación de cargos, pero quedó libre. Luego, la afectada tramitó un incidente de reparación integral por los daños que el hecho le ocasionó. El miércoles, un Juzgado de Manizales declaró civilmente responsables a la Curia y a Arce Londoño. La defensa de la primera no apeló. La de la segunda lo hará en los siguientes cinco días.

En el hecho habían vinculado también al Tribunal Eclesiástico de Manizales (TEM) y a Jaime Ángel Jaramillo, vicario de ese Tribunal, pero quedaron exentos. El primero por no ser persona jurídica y el segundo porque falleció.

Según la narración de los hechos, Arce Londoño, notaria del TEM a espaldas de la víctima, y con la anuencia de todo el aparato jurídico religioso, adelantó un proceso de nulidad matrimonial con unas 17 falsedades. Por un error, la afectada fue enterada de lo sucedido y de que le habían falsificado la firma durante todas las etapas del proceso, aparecía notificada sin hacerlo y se aseguraba que ella presentó la demanda de nulidad. Cuando se enteró fue a reclamar al Tribunal Eclesiástico, pero no le quisieron mostrar ningún documento. Adicionalmente, la amenazaron con declararla en rebeldía con la iglesia.

Pedido

La solicitud de reparación la amparó la víctima en los gastos que corrió por honorarios de abogados, viajes desde Medellín, donde vive; además de los daños que como integrante de la comunidad católica se le generaron.

El dato

A la víctima la representó la oficina de Rafael Mejía Guevara & Abogados.

Otro

$100 millones recibirá la familia de un acólito de Filadelfia, víctima de acceso carnal en ese municipio. En agosto del 2017, la sala civil del Tribunal Superior de Manizales declaró solidariamente responsables de ese pago a la Arquidiócesis y al sacerdote Pedro Abelardo Ospina Hernández, condenado por ese caso.