Apelan tutela sobre traslados y uso de la fuerza en Manizales

LA PATRIA | MANIZALES

La Gobernación interpuso el recurso de apelación dentro de la tutela que ordenaba a las autoridades de Caldas y Manizales, así como a la Policía y otras entidades, implementar una serie de acciones, debido a las quejas por uso excesivo de la fuerza.

La impugnación fue admitida y notificada ayer a las partes. Será una segunda instancia la que decidirá si se mantiene la decisión judicial, se modifica o revoca, en los aspectos que fueron objeto de reparo.

El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Manizales fue el encargado de tramitar la primera instancia. Resolvió amparar los derechos a la dignidad, la integridad personal, libertad de expresión, reunión y manifestación pacífica.

A partir del mismo ordenó a varias entidades verificar las condiciones de bioseguridad del Centro de Traslado por Protección (CTP). Actividad que debe estar a cargo de la Policía, la Defensoría, la Personería y la Dirección Territorial de Salud (DTSC).

De igual manera, ordenó instalar una mesa de coordinación con participación amplia y difusión a organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación, entre otros.

Recordó, además, que se debe acatar los reglamentado frente al uso proporcional de la fuerza y poner a disposición de la Defensoría, la Personería y la Procuraduría, entre otros el listado de armas, elementos y dispositivos que se emplean cuando salgan a intervenir en las protestas.

El fallo de tutela también conmina a los manifestantes para que lo hagan de manera pacífica y velen por el respeto a sus derechos sino también de los bienes de terceros ajenos a la protesta.

A la espera

Valentina Escobar Sierra, abogada y docente de la Universidad de Caldas que hace parte del grupo de coadyuvantes, explicó que luego de leer los reparos que hizo la Gobernación, se señala que el ente territorial solicitó la desvinculación de la acción.

El gobierno seccional adujo que es ajena al lanzamiento de los gases lacrimógenos y por lo tanto no deben responder por ello. En resumen alegó falta de legitimación en la causa por pasiva.

Lo demás hechos no fueron objeto de impugnación. Considera la docente que mientras no se determinen medidas como la suspensión de los términos u otras medidas, se debe dar cumplimiento al resto de decisiones.

Anotó que tanto accionantes como coadyuvantes son integrantes de instituciones, colectivos y redes de derechos humanos interesados en la garantía de los derechos humanos.